La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), conformada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, academia, iglesias, mujeres y jóvenes, hizo este miércoles un llamado urgente a contrarrestar los vicios y amenazas contra la democracia y libertades ciudadanas de cara a las elecciones generales de noviembre.
La RDD presentó la Tercera entrega del Observatorio de la Democracia, en la cual advirtió un retroceso en la participación ciudadana en las elecciones primarias del 9 de marzo, que ha caído en su punto más bajo desde 2017, lo que refleja la desconfianza ciudadana en el sistema electoral.
El análisis revela que de 394 denuncias recibidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la línea 108, 264 fueron de tipo logístico, concernientes a retrasos en la entrega de maletas electorales, material faltante, kits incompletos o no entregados.
A estas debilidades que minan la ya frágil confianza de los hondureños en la institucionalidad electoral, se suman las continuas prácticas de opacidad en el financiamiento político. Pese a que la ley ordena que los recursos deben depositarse en cuentas bancarias diferenciadas, 64 % de los precandidatos no abrieron su cuenta y, por lo tanto, no hay forma de acreditar el origen de sus recursos para campaña electoral. Y, a dos días de que se cumpla el plazo para la presentación de informes de campaña, sólo 51 % de los sujetos obligados lo han hecho.
Ataques desde el poder y elecciones bajo estado de excepción
Durante los primeros cuatro meses del año, los ataques y amenazas lanzados desde el poder contra el espacio cívico, fueron constantes. Al menos 1,230 ataques se registraron contra periodistas, activistas, organizaciones y quienes cuestionan las decisiones del gobierno, muchos promovidos desde cuentas oficiales de funcionarios o mediante la utilización de cuentas falsas patrocinadas con recursos públicos. Desde estas cuentas, según Facebook e Instagram, se ha reproducido contenido 77 millones de veces en las pantallas de los hondureños, en un período de junio de 2024 a mayo de 2025.
Asimismo, desde medios alternativos vinculados al poder se ha pagado pauta en redes sociales por más de L 1.6 millones, de los cuales al menos 15 % corresponde a ataques contra opositores y candidatos -incluyendo la deslegitimación de consejeras del CNE.
Esta intimidación no se limita a las redes sociales y como estrategia del Poder Ejecutivo se extiende a las amenazas realizadas por las Fuerzas Armadas, Congreso Nacional, Policía Nacional y secretarías de Estado a través de instrumentos legales.
A lo anterior se agrega el estado de excepción vigente mediante el cual se suspenden derechos fundamentales y que ha dejado 394 quejas por violaciones a los derechos humanos en el 2024 y lo que va del 2025. Cabe señalar que, en las elecciones primarias de marzo, en diversos sectores de capital y San Pedro Sula, los ciudadanos se mantuvieron en centros de votación hasta altas horas de la noche, por lo que es necesario revisar y suspender esta medida ilegal previo a las elecciones generales.
Bajo este contexto, la RDD urgió a las autoridades hondureñas a proveer garantías de integridad electoral, participación ciudadana y respeto al Estado de derecho y exhortó a la población a mantener su compromiso cívico, participar de forma activa y vigilar el desarrollo de todas las etapas del proceso electoral general.