La propuesta del gobierno de construir una cárcel de máxima seguridad en la región de Mocorón, en Gracias a Dios, ha desatado una ola de rechazo en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre aquellos vinculados a la defensa del medio ambiente y las comunidades indígenas.
La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) se manifestó en contra de la iniciativa, señalando que no solo carece de la planificación necesaria en términos técnicos y legales, sino que también pone en grave riesgo la biodiversidad de la zona. En su comunicado, la organización advirtió que este proyecto no solo representa un daño ecológico, sino también una vulneración de los derechos de las comunidades originarias, que no han sido consultadas al respecto, en violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Este proyecto sería un ecocrimen, dañando la biodiversidad y afectando a las comunidades que habitan el área”, señaló la COAH.
La movilización en la zona no se hizo esperar. Este jueves, miles de habitantes de La Mosquitia se unieron a una manifestación para expresar su rotundo rechazo a la construcción de la cárcel. Con consignas y pancartas en mano, los pobladores realizaron una caminata hasta el batallón de la localidad. Líderes comunitarios como Esmundo Murphy Zúñiga fueron enfáticos al advertir que no permitirán la instalación de una prisión en su territorio, argumentando que este proyecto alteraría la paz y tranquilidad de la región. “No dejaremos que se construya una cárcel en nuestras tierras. Vamos a defender lo que es nuestro”, declaró Zúñiga.
Mirna Wood, otra líder local, también se pronunció en contra del proyecto, asegurando que la comunidad misquita está firmemente decidida a proteger su territorio. Por su parte, la diputada Erika Urtecho expresó su frustración, pidiendo al gobierno que en lugar de traer más problemas a la región, busque soluciones reales para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Mocorón se encuentra en una zona de alta relevancia ecológica, declarada como reserva forestal, que abarca más de 68,000 hectáreas protegidas por la Ley Forestal y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). Además, la región forma parte de la Biosfera del Hombre y el Río Plátano, un área catalogada como patrimonio mundial por la UNESCO y considerada una de las reservas más importantes de América Latina. Los opositores al proyecto temen que la construcción de la cárcel altere este ecosistema único y afecte a especies protegidas, como el jaguar, el águila arpía y las guaras, que habitan en la zona.
El debate sobre la construcción de la cárcel también ha puesto de relieve la falta de planificación en la región, que históricamente ha sido marginada y enfrenta graves carencias en servicios básicos, como educación y salud. En lugar de una prisión, muchos expertos sugieren que el gobierno debería enfocarse en proyectos de desarrollo integral para la zona, como el ecoturismo, la agricultura sostenible, y programas de energía renovable, que podrían ofrecer soluciones reales a los problemas de la comunidad.
Frente a estas críticas, diversos grupos y analistas han hecho un llamado al gobierno para reconsiderar el proyecto y explorar alternativas que no pongan en riesgo el medio ambiente ni los derechos de las comunidades indígenas. Además, piden la intervención de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos para que se manifiesten contra la construcción de la cárcel. La oposición no busca oponerse a la creación de centros penitenciarios, sino que exige que se respete el medio ambiente y los derechos de las comunidades, y que se elijan ubicaciones más adecuadas para estos proyectos sin dañar zonas naturales protegidas.