La decisión del gobierno de Barack Obama de suspender las deportaciones de ciertos jóvenes inmigrantes indocumentados y abrirles el camino para la solicitud de permisos de trabajo -según ciertos criterios establecidos- ha generado una ola de reacciones positivas de parte de la comunidad latina en Estados Unidos y de aquellos que abogan por una reforma migratoria.
Los críticos, sin embargo, acusan al presidente de ignorar el Congreso al utilizar su prerrogativa ejecutiva, conocida como «discreción procesal», para aplicar la medida y aseguran que se trata de una movida estratégica en sus aspiraciones para la reelección.
En declaraciones desdela Casa Blanca, el presidente expresó que había tomado la decisión para «remendar y hacer más justa y ecuánime» la situación migratoria de miles de jóvenes.
Describió a los beneficiados de su plan como individuos que «son estadounidenses en su corazón, en sus mentes, en todo menos sobre el papel».
«No tiene sentido expulsar del país a estos jóvenes que de cualquier manera que se les mire son estadounidenses», expresó el ejecutivo, añadiendo que la medida no solo es «buena para la economía, buena para la seguridad pero es lo correcto que se debe hacer».
La decisión de Obama definitivamente energiza lo que hasta hace poco era una letárgica campaña y obliga a su rival republicano Mitt Romney a abordar el tema de una u otra manera.