El Presidente Porfirio Lobo Sosa, juramentó en el Salón Lenca de Casa Presidencial, a los tres miembros de la comisión interventora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) que se encargará de la administración de esa institución y realizará una evaluación de la misma, con la asesoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otras instituciones públicas y privadas que estime conveniente.
La comisión está integrada por Reinaldo Rodríguez Martínez, Roberto Jerez y Jorge Yllescas Oliva, quienes tomaron promesa de ley ante el Presidente Lobo Sosa, en presencia del ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid.
Oficialmente la comisión tiene las facultades establecidas en el decreto que la crea y que fue aprobado en Consejo de Ministros extraordinario del jueves de la semana pasada y las definidas en el artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública y las demás que por norma legal adicionalmente le correspondan.
Para el cumplimiento de sus funciones, la comisión queda facultada a solicitar la colaboración, participación e integración de otras dependencias públicas o privadas que considere pertinentes.
Asimismo, se solicitará al TSC que nombre el equipo de asesoría a que se refiere el artículo 99 de la Ley General de la Administración Pública y su reglamento, que emanan de la ley.
En uno de sus artículos, en el decreto se establece un plazo de hasta 120 días hábiles prorrogables, para que la comisión interventora, entre otras funciones y atribuciones que por ley le corresponden, pueda verificar la situación administrativa, financiera, presupuestaria, practicar una auditoría y evaluación de puestos y salarios dentro de la DEI.
Adicionalmente, deberán adoptar las medidas y acciones necesarias para optimizar en definitiva la recaudación, mediante la profesionalización de la administración, fiscalización, supervisión, revisión, control eficiente, eficaz, la ejecución de cobro, de los tributos internos y aduaneros, entre otros, mediante la agilización de los casos impugnados en la vía administrativa (DEI y Secretaría de Finanzas).
Además, deberá implementar procesos para mejorar la recaudación de aduanas y rentas (facturación electrónica), la valuación y auditoría a más tardar dentro de los dos meses siguientes de haber realizado la liquidación en aduanas para proceder a efectuar los ajustes respectivos, revisión de la forma y determinación del cobro del Impuesto Sobre la Tradición de Bienes e Inmuebles, estudiar y auditar a los contribuyentes en base a riesgo, y proceder al cobro por la vía administrativa de los impuestos pendientes de cobro. Asimismo, la depuración del sistema de control sobre los créditos fiscales y otros que consideren convenientes y adecuados, proceder al cobro por la depuración del sistema de control sobre los créditos fiscales y otros que consideren convenientes y adecuados.
La comisión interventora, haciendo uso de los resultados de la auditoría, evaluación y demás medios que estime pertinente, deberá rendir su informe de evaluación, en el que recomendarán las medidas necesarias para que el Poder Ejecutivo, a la vista del informe, dicte las decisiones que sean necesarias.
En la aprobación del decreto se tomó en consideración, que deje por sentado que el titular de la DEI, Enrique Castejón, siga al frente de la institución y acompañe en las labores a la comisión interventora.