Tomado de IN SIGHT CRIME
El surgimiento de nuevas acusaciones en contra del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina por conductas irregulares en la compra de terrenos ha aumentado las especulaciones de que el mandato del atribulado presidente podría tener un fin prematuro.
Según una investigación realizada por el medio guatemalteco el Periódico, la adquisición de seis propiedades en Boca Ancha —municipalidad ubicada en el departamento oriental de Izabal— por parte de Molina estuvo plagada de irregularidades.
Aunque Pérez Molina ha tenido una casa de campo en Boca Ancha desde hace varias décadas —ubicada justo en frente del hermoso lago Izabal—, el mandatario comenzó a adquirir propiedades adyacentes a la suya en 2012, utilizando el nombre de dos compañías de las cuales es accionista: Plantas de Exportación y Vista Servicios Electrónicos.
Una de las propiedades pertenecía a un narcotraficante llamado Arturo Paredes Córdova, quien fue asesinado en noviembre de 2010. Su hermano, Jorge Mario, alias “El Gordo”, se encuentra extraditado en Estados Unidos, donde en abril de 2010 fue sentenciado a 31 años de prisión por tráfico de cocaína.
En abril, el Periódico denunció que Pérez Molina no reportó el valor real de la compra de al menos dos de estos terrenos y evadió el pago de impuestos, lo cual llevó a que Fontierras, institución encargada de administrar las tierras en Guatemala, realizara una auditoría. En la auditoría se encontró que en la compra ocurrieron múltiples irregularidades, incluyendo falta de documentación legal y de pruebas de que los vendedores realmente eran los dueños de estas propiedades.
Análisis de InSight Crime
Estas nuevas acusaciones podrían causarle problemas a Pérez Molina, quien ya está en riesgo de ser destituido por sus posibles vínculos con los escándalos de corrupción que han sacudido a Guatemala en el último año.
En mayo, el antiguo director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue arrestado por liderar una enorme red de fraude al interior de la institución. A principios de ese mismo mes, Roxana Baldetti, la ex vicepresidenta de Pérez Molina, renunció luego de que su secretario privado fuera acusado de dirigir una red ilegal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). A principios de julio, Pérez Molina estuvo bajo la lupa de nuevo, luego de que su yerno fuera arrestado por presuntamente ser parte una red de tráfico de influencias.
Esta serie de escándalos ha desatado masivas protestas en las que se ha pedido la renuncia del presidente, pero el mandatario se ha negado a abandonar su cargo en repetidas ocasiones. Si bien Pérez Molina tiene pensado continuar con lo que le queda de su mandato, que termina sólo unos meses después de las elecciones presidenciales de septiembre, si se prueba que cometió irregularidades en el proceso de adquisición de propiedades y en la declaración de activos, el mandatario tendrá que retirarse a su casa de campo en Izabal antes de lo esperado.