En un giro inesperado, la presidenta Xiomara Castro ordenó este miércoles el retiro inmediato del proyecto de reforma a la Ley de Presupuesto que había sido introducido al Congreso Nacional el martes, tras una ola de críticas por parte de diversas bancadas legislativas y sectores de la sociedad civil.
La propuesta contemplaba redirigir fondos excedentes no ejecutados por secretarías de Estado hacia la partida presupuestaria 449, comúnmente conocida como “Partida Confidencial”, administrada desde Casa Presidencial. Este movimiento generó sospechas sobre un posible uso de recursos públicos con fines político-electorales, especialmente de cara al proceso comicial de 2025.
El ministro de Finanzas, Christian Duarte, confirmó en rueda de prensa que fue instruido por la mandataria para cesar toda discusión del proyecto en el Legislativo. “Por orden de la presidenta Xiomara Castro, se ha decidido no continuar con el debate sobre esta reforma. Nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas sigue firme”, expresó.
Duarte defendió el uso propuesto de los recursos, al asegurar que no se trataba de una herramienta discrecional ni opaca. “Nosotros hemos sido abanderados de la rendición de cuentas. Esta partida es plenamente auditable”, recalcó, y recordó que en el ejercicio fiscal anterior, los excedentes fueron utilizados para pagar deuda pública.
Transparencia bajo la lupa
La reacción de la presidenta ha sido interpretada como un acto de recule ante la presión política y social, en un contexto donde las demandas por un uso responsable y transparente de los fondos públicos son cada vez más exigentes.
La reforma generó inquietud incluso dentro de sectores afines al oficialismo, debido a la histórica controversia que ha rodeado el uso de partidas confidenciales en administraciones anteriores.
En defensa de la propuesta original, el ministro Duarte señaló que la Alianza Global de Presupuestos reconoció recientemente a Honduras por los avances en transparencia presupuestaria, lo que, a su juicio, debería ser un argumento para continuar fortaleciendo la rendición de cuentas, incluso en la asignación de fondos especiales.
Sin embargo, el debate público dejó en evidencia que, más allá de la legalidad del mecanismo, la percepción ciudadana sobre el uso de recursos con fines políticos sigue siendo un tema sensible. El retiro del proyecto, aunque celebrado por varios sectores, también plantea dudas sobre la intención original de la reforma y la falta de consenso previo a su presentación.
Con esta decisión, el Ejecutivo intenta cerrar el capítulo de una polémica que amenazaba con escalar en plena antesala del proceso electoral, mientras la oposición y organizaciones civiles llaman a establecer límites más claros y mecanismos efectivos de fiscalización sobre el uso de fondos estatales.