La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, reconoció este lunes que la falta de transferencias por parte del gobierno ha generado serias dificultades económicas para el Poder Judicial. En declaraciones a la prensa, la magistrada informó que desde junio no se han recibido los fondos que corresponden al presupuesto del sector, lo que ha puesto en riesgo la ejecución de diversos proyectos judiciales.
“Desde el mes de junio, no hemos recibido las transferencias adecuadas, lo que ha impedido que muchos proyectos importantes sigan adelante”, señaló Obando. La presidenta participó el martes en la apertura del Foro sobre Violencia de Género: Retos y Desafíos, donde también tocó otros temas relacionados con la situación actual del Poder Judicial.
La magistrada indicó que el pasado viernes se realizó un abono parcial a los fondos que se adeudaban, aunque reconoció que el problema persiste. Ante la falta de recursos, Obando envió un comunicado interno solicitando a los departamentos del Poder Judicial que implementen una gestión más austera en cuanto a gastos. “Sabemos que las dificultades no son intencionales, sino que el Estado enfrenta una serie de presiones. Por eso estamos teniendo paciencia”, expresó.
Por su parte, Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, informó que la Secretaría de Finanzas aún adeuda más de mil 250 millones de lempiras al Poder Judicial, un monto que corresponde a varios meses de retraso en las transferencias. Duarte resaltó que esta deuda ha afectado significativamente el progreso de proyectos de modernización y la capacidad de mantener las operaciones del sistema judicial, incluidos los pagos de sueldos y salarios de los empleados judiciales.
El vocero también precisó que, con la llegada de diciembre, se completan seis meses de déficit en las transferencias gubernamentales, lo que ha comprometido el funcionamiento normal del Poder Judicial.
Traslados de jueces y sanciones no responden a motivos políticos, afirma la presidenta de la CSJ
En otro tema, la presidenta de la Corte se refirió a los recientes traslados de jueces y a las sanciones impuestas a algunos funcionarios judiciales, aclarando que estas acciones no están motivadas por intereses políticos. Obando enfatizó que los traslados de jueces se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la atención al público y optimizar el funcionamiento del sistema judicial, y no por razones de persecución.
“Las decisiones sobre traslados no se toman por política, sino por la necesidad de reconocer el desempeño de los jueces y garantizar que el sistema judicial funcione de manera eficiente. Si bien no tengo pruebas directas de irregularidades, las decisiones se toman basadas en lo que se escucha y las necesidades operativas”, explicó.
La presidenta también fue consultada sobre las intervenciones a algunos tribunales de justicia, pero prefirió no divulgar detalles, mencionando que se han recibido informes y que las decisiones se tomarán con prudencia.
Sobre los nombramientos de jueces, Obando defendió el proceso, asegurando que todos los funcionarios nombrados cumplen con los requisitos legales para ocupar sus cargos. Sin embargo, indicó que se realizan supervisiones periódicas para verificar el desempeño de los funcionarios judiciales.
Finalmente, al ser preguntada sobre los casos que maneja la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), la magistrada afirmó que todas las solicitudes fiscales son revisadas cuidadosamente y que se tomarán las decisiones pertinentes cuando haya pruebas suficientes para actuar.