La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) ha formalizado un requerimiento fiscal contra una red de personas que presuntamente operó de manera ilícita dentro del Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre los años 2010 y 2014. Los imputados incluyen a Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo del PRAF; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, así como a 37 individuos más, entre ellos exempleados de la institución y representantes de diversas empresas y organizaciones no gubernamentales.
Los cargos presentados contra los acusados abarcan fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios públicos. La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público revela que los imputados, en connivencia con otras personas, presuntamente defraudaron al Estado de Honduras por un monto superior a los noventa y seis millones de lempiras (L. 96,976,218.21), a través de 596 contratos vinculados a los programas Bono Juvenil y DiMujer, ambos destinados a capacitar a jóvenes y mujeres en situación de extrema pobreza.
El esquema de corrupción descubierto por la FETCCOP implicó la adjudicación directa de contratos a empresas y ONG’s que no cumplían con los requisitos técnicos necesarios, además de utilizar “empresas de relleno” y fragmentar los procesos de contratación para evitar las licitaciones públicas. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, los acusados justificaron capacitaciones que nunca se realizaron mediante informes falsificados, y las pocas capacitaciones que se llevaron a cabo fueron en condiciones precarias. Para dar apariencia de legalidad a los contratos, se crearon expedientes fraudulentos que permitieron el pago total de los fondos asignados.
El impacto de este acto de corrupción no solo representa un grave perjuicio económico para el país, sino que también privó a miles de jóvenes y mujeres hondureñas de las oportunidades de capacitación y desarrollo que podrían haber transformado sus vidas. La acusación pone de manifiesto el daño social y económico causado por este entramado de corrupción, que impidió que los beneficiarios pudieran acceder a las herramientas necesarias para emprender proyectos propios y mejorar su calidad de vida.