Una nueva iniciativa legislativa que propone otorgar licencias ambientales de forma inmediata ha generado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil, especialmente por los posibles impactos en la transparencia y participación ciudadana. El proyecto, impulsado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ya fue debatido en dos sesiones del pleno y podría ser aprobado en tercer debate este martes 13 de mayo.
La propuesta, conocida como Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, busca agilizar los trámites mediante un “mecanismo especial, excepcional y simplificado”, según lo establece su Artículo 3. Esta disposición permitiría a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) emitir licencias de manera inmediata para ciertos tipos de proyectos.
El Artículo 5 del proyecto otorga prioridad a sectores considerados estratégicos, como infraestructura, energía renovable, agroindustria, manufactura, vivienda social y turismo sostenible. También se incluyen iniciativas respaldadas por organismos multilaterales o de cooperación internacional. Además, se contempla la reorganización presupuestaria interna de SERNA (Artículo 7) y el cumplimiento estricto de plazos por parte de todas las instituciones involucradas (Artículo 8).
Ante el avance del proyecto, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) emitió un pronunciamiento alertando sobre los riesgos que esta ley representa para los derechos de las comunidades. En un informe reciente, la organización denunció que la iniciativa debilita los controles existentes y excluye a los actores locales de los procesos de consulta y toma de decisiones.
“Esta ley profundiza la opacidad y limita la participación de las comunidades directamente afectadas, en un contexto nacional marcado por conflictos socioambientales y la criminalización de defensores del medio ambiente”, advirtió CESPAD.
La organización también cuestionó el enfoque del proyecto, señalando que ignora las raíces estructurales de la conflictividad territorial en el país, como la corrupción y la falta de acceso a la información pública. Además, hizo un llamado a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres y organizaciones territoriales a mantenerse vigilantes y exigir su derecho a participar en los procesos que afectan sus territorios.
“Acelerar licencias sin garantías ni controles adecuados pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios”, concluyó CESPAD.
La discusión continúa en el Congreso, mientras aumenta la presión de sectores sociales que exigen una ley más transparente, inclusiva y con mayores salvaguardas ambientales.