el Poder Judicial emitió un comunicado informando la suspensión de varios funcionarios en Colón y Atlántida debido a irregularidades en el manejo de casos relacionados con comunidades campesinas en el municipio de Tocoa. Los funcionarios afectados son la jueza supernumerario Zoe Doralina Guifarro y las magistradas Ibeth Albertina Benítez, Vianey Cruz Recarte y Dila Iracema Guillén.
La decisión fue tomada tras una denuncia presentada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Colón. Esta denuncia señalaba la actuación de Guifarro en relación con la negación de un amparo solicitado para participar en un cabildo abierto que abordaría asuntos de impacto ambiental relevantes para las comunidades afectadas.
La investigación, realizada por la Supervisión General del Poder Judicial, concluyó que las funcionarias incurrieron en graves faltas al debido proceso, al no garantizar el derecho a la defensa ni la tutela judicial efectiva. Estos actos representan una violación a los derechos fundamentales de las comunidades, especialmente en el contexto del proyecto termoeléctrico de Inversiones ECOTEK S.A. de C.V.
Como resultado, la Presidencia del Poder Judicial ha decidido imponer una suspensión de un mes a las funcionarias involucradas, reafirmando su compromiso con la independencia y la integridad del sistema judicial. Esta acción busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar los derechos de las comunidades campesinas y las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
