El Congreso Nacional, a través de su presidente Mauricio Oliva, recibió este lunes el reconocimiento de parte del Poder Judicial por su apoyo en la aprobación y reformas a leyes que buscan reducir la mora judicial y el combate a la extorsión y la corrupción.
Ese reconocimiento se hizo en el marco de los actos de inauguración de las instalaciones de los Juzgados de Letras, Tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones de lo Penal en Materia de Extorsión, evento encabezado por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y el presidente de la República Juan Orlando Hernández
Oliva explicó que la creación de este nuevo ente de justicia fue producto del consenso alcanzado por los diputados de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, lo que se convierte en un instrumento más para el combate a un delito que tanto daño y dolor ha provocado en la población hondureña.
Esto es producto de esa complementariedad que debe haber entre los tres poderes del Estado, refirió Oliva quien a su vez agradeció al resto de parlamentarios que tuvieron a bien tener la receptividad para crear una nueva normativa.
Por su parte, Argueta reconoció el apoyo del Congreso Nacional en la aprobación de nuevas leyes, reformas y otras a propuestas del Poder Judicial, las que ya son vigentes y que han permitido una mayor celeridad a los procesos, especialmente en materia penal.
Enumeró primero la solicitud en julio pasado de la reforma por adición al artículo 2 de la Ley Especial de Órganos con Competencia Nacional, la que se aprobó en la ciudad de Gracias, Lempira, el marco del Congreso Móvil.
También se aprobó la norma jurídica llamada Protocolo para la Selección de Magistrados de Apelaciones, Jueces de Sentencia y de Letras y Personal de Apoyo, agregó.
Además, por iniciativa del pleno de magistrados de la CSJ, el Congreso Nacional aprobó mediante reforma, la reducción de plazos, lo que ha permitido que las partes en los procesos avancen de forma significativa.
Destacó que fue ese poder del Estado que reformó los artículos 292, 300, 316 y 348 relacionados a los plazos judiciales, en el caso del artículo 300, de suma importancia, permite que entre la audiencia inicial y la preliminar ya no haya un espacio de 120 o 200 y más días.
Esa reforma permite que los procesos en delitos menos graves se tarden hasta 15 días sin prorroga y en el caso de los delitos graves hasta 30 días y no seis u ocho meses como sucedía y eso es muy significativo, subrayó Argueta.
También se reformó el artículo 57, próximo a entrar en vigencia y que se refiere a que los delitos menos graves a debatir en los tribunales de sentencia y cuyas penas no pasan de los cinco años ya no lo presencien cuatro jueces y sea uno solo.
Lo anterior implica que en el mismo día que se debata en el juicio oral y público en el Tribunal de Sentencia se hagan tres o cuatro audiencias y eso es importante porque es un tema relacionado al combate a la mora judicial, puntualizó.