«No pueden ir candidatos que tengan un conflicto de interés con miembros de la Junta Proponente, con miembros del Congreso Nacional o con personas que han sido acusadas por delitos de corrupción o por otros que sean investigados por el Ministerio Público, porque ya se ha comprobado que eso genera impunidad», dijo el oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez.
Según un análisis del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Yuri Melara, exfiscal adjunto, tiene un parentesco en tercer grado de afinidad con la titular de la Corte Suprema de Justicia, y eso, aunque la ley no lo prohíbe, puede generarse un conflicto de interés.
«La ley lo habilita para participar en el proceso pero debe ser la Junta Proponente que determine y valore ese grado de idoneidad», expresó César Espinal, coordinado del Observatorios de Política Anticorrupción del CNA.
Aunque algunos críticos manifiestan que la aspiración de Melara al cargo de fiscal general debe ser desestimada, el portavoz de la Proponente, Julio Raudales, asegura que legalmente no hay nada que impida su postulación.
La Junta Proponente recibió tachas y denuncias en contra de 17 de 21 aspirantes a fiscal general y fiscal adjunto, incluido Yuri Melara, pero por su parentesco, y transparencia, la presidenta del ente colegiado, Rebeca Ráquel, se excusó de conocerlas.