Acciones de comiso sobre 104 bienes y productos financieros vinculados a dos excomisionados de policía impulsa este martes la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el marco de la Operación Omega XII.
Lo anterior, en razón de las últimas reformas que aprobó el Congreso Nacional a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos en las que se han favorecido con la excarcelación a imputados por ese ilícito, por lo que con dos solicitudes de privación de dominio de bienes se busca blindar las incautaciones e impedir que se restituya a sus titulares de derecho el caudal cuyo origen es ilícito por no tener justificación legal de su procedencia.
En primera instancia, 83 son bienes muebles, inmuebles y financieros del ex comisionado general de policía, Leonel Luciano Sauceda Guifarro y su esposa Patricia Eslbeltlana Estrada Pacheco (favorecida con sobreseimiento), de los que se desglosan 22 cuentas bancarias, seis casas y terrenos (tres en Francisco Morazán y tres Yoro), dos vehículos y 53 cabezas de ganado, que figuran dentro de la investigación de la UF-ADPOL y la ATIC donde se verificó que la pareja refleja un patrimonio de 18 millones de lempiras que no han logrado acreditar.
Misma acción se ha presentado en contra de 21 bienes y cuentas bancarias del excomisionado de policía, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, con un capital atípico superior a los 9.4 millones de lempiras, siendo aseguradas ocho cuentas bancarias, nueve bienes inmuebles que posee en Comayagüela y Guaimaca en Francisco Morazán y cuatro vehículos.
De su lado, como parte de Omega XII, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó un nuevo caso por la manipulación en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RNP) en el departamento de Choluteca, del que se espera la ejecución de una orden de captura; al tiempo que la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (ECDE) tomará nuevas declaraciones a aspirantes a cargos de elección popular y a miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) que cuentan con información clave para esclarecer denuncias de supuestas adulteraciones de actas e irregularidades en la transcripción de resultados en el nivel electivo de diputados, no obstante, se prevé en torno a otros hechos acusaciones por delitos electorales.
Además, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), en equipo con la ATIC, promueven un antejuicio contra un juez de Catacamas, Olancho, por el delito de retardo irresponsable de la justicia, así como presenta cinco requerimientos fiscales contra funcionarios y exfuncionarios fiscales, policiales y togados involucrados en delitos como abuso de autoridad, sustracción de documentos en su custodia, violación de los deberes de los funcionarios, vejámenes, detención ilegal y omisión de su deber de perseguir delitos.
A las actividades de Omega XII se le suma la interposición de 62 requerimientos fiscales por parte de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) en Tegucigalpa y en el caso de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEPNIÑEZ) se dirige operatividad por prohibiciones de venta de pólvora e impulsará una acción penal contra un exaspirante a alcalde en el departamento de Cortés por los delitos de pornografía infantil en su modalidad de elaboración y violación en perjuicio de dos menores de edad.
Por su parte, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM) prioriza a nivel nacional operativos e inspecciones por la temporada navideña, para salvaguardar la salud de la población, verificar control de precios y combatir las promociones y publicidad engañosa. A la vez se corroborará el trato en asilos.
Conforme a la planificación de Omega XII, también, la Fiscalía Especial de Pueblos Indígenas y Patrimonio Cultural desarrollará diversas inspecciones de campo en las comunidades de las tribus tolupanes del departamento de Yoro, relacionadas con las usurpación de las tierras y territorios de las comunidades Agua Caliente de Reinada, Agalteca y El Tablón. Asimismo, coordinará inspecciones en inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural en centros históricos del oriente del país.
En tanto, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) realiza diligencias investigativas en la ciudad de Santa Rosa de Copán y la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, por denuncias de amenazas y delitos contra la propiedad en perjuicio de personal de canales de televisión y estaciones de radio y activistas de derechos humanos.
Al final, con el concurso de todas las Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, la ATIC, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y otras dependencias, el Ministerio Público pretende concretar acciones contundentes en contra del delito en sus diferentes manifestaciones, en lo que representa su última operación nacional de 2021.