La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacen un llamado a las autoridades hondureñas a garantizar el acceso efectivo a la justicia, a establecer la verdad de lo ocurrido y a sancionar a los autores materiales e intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres, con el fin de evitar la impunidad.
Berta Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada en marzo de 2016. Era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2009. Desde su asesinato, tanto la CIDH como OACNUDH han dado un seguimiento cercano a la investigación y al desarrollo del juicio y han compartido su preocupación por las reiteradas dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial.
En ese sentido, OACNUDH y la CIDH han observado que las y los familiares, el COPINH y otras organizaciones que les acompañan, han denunciado, en las diferentes etapas del juicio, diversos obstáculos, incluidos la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas.
La pandemia de Covid-19 agravó problemas preexistentes del sistema de justicia. La ausencia de protocolos claros sobre la transmisión de audiencias a través de videoconferencias afectó la transparencia y publicidad de los juicios, generando preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo y al debido proceso. En este contexto, no se permitió a OACNUDH ni a otras organizaciones nacionales y misiones internacionales la observación presencial de las audiencias del juicio oral y público que actualmente se desarrolla contra uno de los presuntos autores intelectuales.
OACNUDH y la CIDH reconocen los esfuerzos del Ministerio Público y el equipo de fiscales a cargo del caso. Asimismo, llaman a las autoridades a que, en el marco de las obligaciones de debida diligencia, continúen las investigaciones exhaustivas para procesar a quienes hubieran tenido responsabilidad en el crimen, garantizando así el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad hondureña en su conjunto. De acuerdo con información pública, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional estaría próximo a la emisión de sentencia.
OACNUDH y la CIDH toman nota de los avances en la investigación del caso “Fraude sobre el Gualcarque”, relacionado con presuntos hechos de corrupción denunciados en su momento por Berta Cáceres, por lo que alientan a que todas las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con esta causa continúen y avancen, con la efectiva participación de las víctimas.
OACNUDH y la CIDH destacan que la impunidad, sea total o parcial, además de una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, constituye un factor tendiente a obstaculizar las causas que promueven defensoras y defensores de derechos humanos, en virtud del temor a nuevas represalias y peligro latente que genera el desconocimiento de los verdaderos móviles de las agresiones, o en muchos casos la falta de sanción a los autores intelectuales o materiales.
Adicionalmente, la impunidad propicia la repetición de las violaciones de derechos humanos e impide a las víctimas y sus familiares el acceso a una reparación integral adecuada, que incluye conocer la verdad de lo ocurrido. Por ello, y a cinco años de su asesinato, reiteran su llamado al Estado para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el esclarecimiento de todos los hechos, el establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido y la sanción de todos los autores materiales e intelectuales.Finalmente, OACNUDH y la CIDH reiteran su compromiso para contribuir a garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente, así como fomentar y proteger la independencia judicial en el país. En Honduras, las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el Estado de derecho.-OACNUDH.hn