A pesar de las promesas de la presidenta Xiomara Castro de combatir la corrupción de manera efectiva, el gobierno hondureño sigue postergando la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), un compromiso clave que se había presentado como una de las principales medidas para garantizar la transparencia y el fortalecimiento del sistema judicial en el país.
Este miércoles, el canciller Enrique Reina informó que, tras varias dilaciones, el memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas para la instalación de la CICIH ha sido prorrogado hasta junio de 2025, lo que marca la cuarta extensión desde que se firmó el primer acuerdo en diciembre de 2022. Aunque Reina indicó que las conversaciones siguen siendo una «prioridad» para el gobierno, la falta de avances concretos ha sido motivo de creciente frustración tanto dentro como fuera del país.
El canciller, en declaraciones ofrecidas en Panamá, aseguró que el gobierno de Castro sigue comprometido con la creación de la CICIH, pero el hecho de que la fecha de implementación se haya extendido por cuarta vez plantea dudas sobre la verdadera voluntad política para cumplir con este objetivo. El propio Reina reconoció que el gobierno ha pactado una nueva prórroga hasta junio de 2025, pero expresó la esperanza de que se pueda cerrar el acuerdo antes de esa fecha, lo que sugiere una falta de certeza en los plazos comprometidos.
Este retraso contrasta fuertemente con las promesas de campaña de Xiomara Castro, quien durante su candidatura afirmó que la instalación de la CICIH sería una de sus primeras acciones para combatir la corrupción en el país. Sin embargo, más de un año después, el avance sigue siendo mínimo, y los hondureños se ven cada vez más decepcionados por la falta de resultados tangibles en esta área.
Cabe recordar que el gobierno de su antecesor, Juan Orlando Hernández, también fue criticado por no cumplir con la instalación de la CICIH, optando por la creación de la MACCIH, una misión con capacidades limitadas que, según se argumentó, fue desmantelada cuando comenzó a investigar los mayores casos de corrupción en el país. Sin embargo, este mismo enfoque parece repetirse ahora bajo la administración de Castro, con la prolongación indefinida de la fecha para la implementación de la CICIH.
La continua dilación en la implementación de este mecanismo anticorrupción pone en entredicho el compromiso del actual gobierno con la lucha contra la corrupción y refuerza las preocupaciones sobre la falta de voluntad política para abordar los problemas estructurales que aquejan al país. A medida que pasan los meses y las promesas siguen sin cumplirse, los ciudadanos hondureños se cuestionan si realmente se avanzará en un combate efectivo contra la corrupción o si este tema se quedará nuevamente en promesas vacías.