El desplazamiento forzado interno continúa afectando de manera alarmante a la niñez y adolescencia hondureña, según lo revelan recientes informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). De acuerdo con datos de los últimos cinco años (2019–2023), un promedio anual de más de 600 menores de edad se ha visto afectado por este fenómeno.
Durante ese período, al menos 15,174 personas fueron víctimas o estuvieron en riesgo de desplazamiento, de las cuales el 20 % —equivalente a 3,041 casos— correspondía a niños, niñas y adolescentes. Así lo confirma la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, que identifica a este sector de la población como uno de los más vulnerables ante el flagelo.
La mayoría de los menores desplazados no huyen por cuenta propia, sino que son llevados por sus familiares, quienes toman la difícil decisión de abandonar sus hogares como medida de protección frente a diversas formas de violencia. Esta situación genera consecuencias severas para los menores, como la interrupción de su educación, el acceso limitado a servicios básicos y el deterioro de sus condiciones de vida.
Las amenazas representan el principal factor que empuja al desplazamiento, concentrando el 48 % de los casos. Sin embargo, otros hechos como las extorsiones, los intentos de homicidio, el asesinato de familiares y el reclutamiento forzado también figuran entre las principales causas.
El reclutamiento forzado: una forma de trata de personas
Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, advirtió sobre el creciente reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos criminales, maras y pandillas, una problemática que califica como una forma de trata de personas y que, según ella, ha sido ignorada por las autoridades.
«Estamos viendo a más adolescentes involucrados en actividades ilícitas como la extorsión, el porte ilegal de armas o el tráfico de drogas. Esto es una clara señal de que están siendo cooptados por estructuras criminales», denunció Maradiaga.
Según la defensora, este reclutamiento no es voluntario: en muchos casos, los menores son obligados bajo amenazas o intimidaciones. Las zonas con mayor incidencia incluyen los departamentos de Francisco Morazán, Atlántida y Cortés, donde la presencia de grupos criminales es más notoria.
Entre 2019 y 2023, el Conadeh documentó al menos 132 denuncias relacionadas con reclutamiento forzado de menores. Esta cifra refleja un problema estructural que se agrava por factores como la pobreza, la exclusión social, la corrupción, la debilidad institucional y la impunidad.
Urge acción estatal
Maradiaga subrayó la urgencia de que el Estado hondureño implemente políticas públicas focalizadas en la prevención de la violencia y en la atención de los factores de riesgo que afectan a niños, niñas y adolescentes. También hizo énfasis en la necesidad de establecer programas que desactiven las redes de reclutamiento forzado en comunidades vulnerables.
«La niñez hondureña está atrapada entre la violencia y el abandono institucional. No podemos seguir ignorando este drama silencioso que destruye vidas desde la infancia», concluyó.