El gobierno de Daniel Ortega y la oposición reanudaron este viernes el diálogo con evidentes señales de desacuerdo como el rechazo oficial a la observación internacional de los derechos humanos en Nicaragua, en medio de una ola de represión que deja 165 muertos en dos meses de protestas.
En el inicio del diálogo, los obispos católicos que median las conversaciones presentaron la propuesta de la oposición de invitar a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea (UE), para observar la situación en el país, pero la delegación oficial se opuso.
«Es lamentable, deplorable, triste que no podamos llegar a un acuerdo», lo que pone «en peligro la estabilidad de la nación», declaró el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, uno de los jerarcas católicos que median en el diálogo nacional.
La propuesta fue promovida por la opositora Alianza Cívica que integran estudiantes, empresarios y la sociedad civil, ante el baño de sangre que vive el país por la acción de fuerzas policiales y paramilitares contra las protestas antigubernamentales.
La oposición, por su lado, rehusó aprobar una moción del gobierno, representado por el canciller Denis Moncada, que pedía levantar los bloqueos que los manifestantes mantienen desde en las principales vías, e invitar a la ONU y OEA a brindar «acompañamiento para el fortalecimiento del diálogo».
Mientras se desarrollaban las conversaciones a puertas abiertas, al menos cuatro barrios capitalinos eran atacados por paramilitares, al tiempo que se reportaban nuevos enfrentamientos en las ciudades de Juigalpa (este) y Nindirí (sur).
Hay que «parar la represión del Estado de Nicaragua, del gobierno contra la población, ustedes tienen las armas, entregaron las armas a los paramilitares», demandó Sandra Ramos, una de las representantes de la alianza en el diálogo.
«Presidente, en sus manos está que cese la represión», demandó por su lado el líder estudiantil Lesther Alemán
El canciller Moncada lamentó en su intervención el «salvajismo inaudito» que vive el país, negando responsabilidad del gobierno en los hechos de violencia.
Los participantes tenían previsto conocer más tarde en la sesión la respuesta del presidente Ortega a la propuesta de democratización que le presentaron los obispos.
– Esperanza efímera –
Este viernes, miles de nicaragüenses retornaron a sus actividades, tras un paro casi general el jueves que la oposición espera termine de convencer al mandatario que el país, uno de los más pobres el hemisferio, quiere negociar un «cambio» por medios pacíficos.
«Esperamos que del diálogo salga algo positivo para que ya se resuelva esta matancina (masacre) y que (Ortega) se vaya, es el sentir de la mayoría», dijo a la AFP Mario Pérez, un mecánico de radiadores de uno de los barrios orientales de la capital, que esta semana fueron asediados por fuerzas policiales y de choque del gobierno.
«Necesitamos un cambio de gobierno porque estamos hartos», demandó Isidro Obando, de 66 años, quien considera que la represión que ha desatado Ortega contra el pueblo es «peor» que la que vivió el país durante la pasada dictadura somocista.
Al menos 165 personas han muerto desde que estallaron las protestas el pasado 18 de abril, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las últimas tres víctimas son dos manifestantes muertos en enfrentamientos ocurridos el jueves en el Caribe norte, y un abogado asesinado en la madrugada en Chinandega (noroeste).
«Es peor que la dictadura somocista lo que estamos viviendo», coincidió Argentina López, de 74 años, mientras limpiaba la acera de su casa en el barrio San José Oriental. Dice estar preocupada por el futuro de sus siete hijos y 45 nietos.
A juicio del sociólogo y analista político independiente Cirilo Otero, el mandatario ha usado el diálogo -suspendido dos veces desde que inició el 16 de mayo- para ganar tiempo y organizar su retirada, pero la represión continuará.
Nicaragua vive un clima permanente de protestas que tiene bloqueadas sus principales rutas con casi 900 «tranques» y barricadas en ciudades semiparalizadas desde que el 18 de abril estallaron las manifestaciones contra una fallida reforma a la seguridad social.
Las protestas se extendieron como una muestra de disconformidad contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, con su esposa Murillo como vicepresidente y mano derecha, ambos señalados de autoritarismo y de controlar todos los poderes del Estado.
El jueves, grupos paramilitares dispararon contra manifestantes que resguardaban barricadas en las ciudades de Nagarote, Tipitapa, Masatepe y León, causando al menos cuatro muertos y varios heridos, confirmó el Cenidh, que contabiliza 162 muertos.
El párroco de Nindirí (sur), Jesús Silva, denunció el jueves que antimotines entraron a la ciudad «disparando indiscriminadamente» y que el pueblo se resguardó en sus casas.-AFP