Ha comenzado la segunda fase de la Operación Poseidón y bajo la dirección técnica y jurídica del Ministerio Público se desarrollan acciones en diferentes puntos del país.
Uno de los casos tiene que ver con más de 20 diligencias prejudiciales que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efectúan en seguimiento a un presunto desvío de más de siete millones de lempiras (Lps. 7,140,529.62) en el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
La investigada es la exinterventora del INP, Karla Patricia Pavón Bustillo, quien se presume se habría apropiado del dinero que serviría como indemnización para los familiares de privados a libertad que perdieron la vida en un incendio registrado en el centro penal de San Pedro Sula.
Como se recordará, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a este caso, condenó al Estado por el siniestro ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el que murieron 107 privados de libertad y por lo cual se obligó a Honduras a pagar más de trescientos mil lempiras (Lps. 317,000.00) a cada familiar.
Sin embargo, la exinterventora investigada, haciendo uso de una carta poder, cobró los fondos, que le fueron entregados a través de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH), recursos, a los que en parte, les habría dado otro uso para un provecho personal.