La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) logró mediante un acuerdo de estricta conformidad una pena de 10 años de reclusión contra la exempleada del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Sandra Margarita Rubio, por el delito de estafa continuada en perjuicio de ocho afiliados.
De acuerdo a la investigación de agentes del Departamento de los Delitos en Contra de la Administración Pública adscritos a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la sentenciada laboraba como Analista de Reingreso del Injupemp y se encargaba de calcular las aportaciones de los afiliados.
Valiéndose del cargo, Rubio les proporcionaba la cantidad que le adeudaban los aportantes a la institución y les ofrecía una solución para poder honrar la deuda en un solo pago, a través de préstamos a bajos intereses que ella les facilitaría, sin conocerla las personas accedieron a la propuesta al tiempo que les prometía que agilizaría los trámites correspondientes para que pudiesen optar a cualquier gestión, sin embargo manipulaba el sistema de la institución.
Posteriormente, los aportantes constataban que se encontraban activos dentro del sistema de la institución para poder realizar cualquier gestión y le depositaban a la cuenta bancaria de Rubio la cantidad que supuestamente ella les había prestado.
Rubio fue capturada por la ATIC el 8 de enero de 2016 en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa, en esa ocasión se arrestó a dos personas más junto a ella por los delitos de fraude, estafa y delitos contra la administración pública, por lo que esta condena constituye una segunda causa penal.