Con la desarticulación de una estructura criminal de tráfico de cocaína que opera en Choluteca y Olancho y con acciones frontales contra la corrupción, los delitos contra la vida y la extorsión, el Ministerio Público activa la Operación Omega II en todo el territorio nacional.
Es así que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) allana varias viviendas y ejecuta órdenes de captura contra presuntos traficantes, en su mayoría en el municipio de San Marcos de Colón.
Por su parte, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizarán inspecciones, decomisos y toma de declaraciones en relación a supuestas irregularidades en contrataciones millonarias de obras públicas que efectuaron varias instituciones estatales, proyectos a desarrollarse en la zona sur y otros puntos del país.
Las investigaciones por la pandemia del COVID-19 se refuerzan y avanzan, en tal sentido, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la ATIC, continuarán inspecciones en el hospital de Yoro, en torno a la compra millonaria que realizó la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) de 129 ventiladores mecánicos, luego de los últimos hallazgos en los hospitales sampedranos Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez.
De igual forma, se procede al decomiso de documentos en la municipalidad de Santos Guardiola en Islas de la Bahía, por presuntas irregularidades.
Otra de las municipalidades que será objeto de investigación es la alcaldía de La Ceiba, donde la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios (FE-CDT) y la ATIC, realizarán inspecciones en varias oficinas de esa sede edilicia, por denuncia interpuesta por empleados, en torno a la retención del pago de impuesto sobre la renta, dinero que supuestamente no ha sido depositado al Servicio de Administración de Rentas (SAR).
De su lado, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), realiza investigaciones en La Esperanza, Intibucá, por denuncia de amenazas a muerte en contra de un periodista y diligencias en Santa Bárbara, Cortés y Choluteca por casos relacionados a activistas de derechos humanos.
También, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural interpondrá Requerimientos Fiscales en contra de funcionarios del Instituto de la Propiedad de La Ceiba, Atlántida, por afectar títulos comunitarios, además de realizar inspecciones en bienes históricos.
Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), continúa en el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y productos financieros, así como la interposición de Requerimientos Fiscales, tras al caso contra el exdirector y comisionado general de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid.
El Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas, en tanto, coordina varios allanamientos donde se decomisarán drogas, armas, dinero en efectivo, balanzas, entre otros indicios producto del tráfico de drogas, después de la incautación de 99 kilos de cocaína hecha por la ATIC en Santa Bárbara.
Asimismo, la Fiscalías Especiales para la Niñez y de la Mujer, presentarán Requerimientos Fiscales por delitos de índole sexual, maltrato familiar y desobediencia, así como coordinar capturas en contra de presuntos agresores de niños y mujeres, sin dejar a un lado la labor social y de prevención.
Inspecciones a sedes policiales, albergues, centros de salud, centros de triaje para pacientes con COVID-19 y acusaciones, serán parte de las actividades de Fiscales de Derechos Humanos en esta operación, por su parte la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), ejecuta inspecciones por delitos en temas forestales, minerales y en contra de la fauna.
En suma, con la Operación Omega II, se desarrollan tareas anticrimen en todo el país, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la ATIC, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Fuerzas Armadas y otras dependencias que apoyan al Ministerio Público en la consecución de sus objetivos estratégicos.