El ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, confirmó este jueves que la institución bajo su responsabilidad canalizó recursos provenientes del Fondo Social del Congreso Nacional para la ejecución de proyectos en diferentes municipios del país. No obstante, aseguró que el proceso fue estrictamente técnico y sin distinción partidaria.
“Se gestionaron obras en varios municipios, pero desde esta Secretaría no hacemos diferencias políticas. Atendemos las solicitudes que beneficien a las comunidades”, afirmó Vaquero ante las recientes críticas sobre el uso de estos fondos, que han sido centro de debate por posibles prácticas de clientelismo.
Procedimiento institucional
El ministro explicó que los recursos no eran manejados directamente por Gobernación. Según detalló, las solicitudes llegaban desde el Congreso Nacional, donde los diputados gestionaban proyectos dirigidos a poblaciones con necesidades específicas. Una vez revisada la documentación, los trámites eran canalizados a la Secretaría de Finanzas para la asignación de los fondos.
“Lo que hacemos es recibir la documentación, verificar que esté completa y correcta, y luego se sube al sistema para que Finanzas proceda con los pagos. No manejamos dinero ni otorgamos subsidios de manera directa”, subrayó el funcionario.
Además, Vaquero enfatizó que cada obra debía estar avalada por un profesional certificado, generalmente un ingeniero civil colegiado, quien debía garantizar la viabilidad del proyecto y el monto correspondiente.
“Estas obras se terminan. Hay que decirlo claramente: todo esto viene autorizado desde el Congreso Nacional y debe cumplir requisitos técnicos”, puntualizó.
En el centro de la polémica
Las declaraciones del ministro surgen en medio de fuertes cuestionamientos públicos sobre la gestión del Fondo Social del Congreso Nacional, señalado por diferentes organizaciones como un posible vehículo para prácticas de clientelismo y desvío de recursos.
Tanto el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han solicitado al gobierno mayor transparencia en el uso de estos fondos y han propuesto su eliminación, al considerar que la asignación discrecional de recursos públicos abre espacio para irregularidades.
Hasta ahora, el ministro Tomás Vaquero no ha proporcionado una lista detallada de las obras ejecutadas ni de los montos transferidos a los municipios, un punto que algunos analistas consideran clave para garantizar la rendición de cuentas.