El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reafirmó este lunes que los índices de homicidios y muertes violentas de mujeres han experimentado una disminución sostenida durante los últimos años, atribuyendo estos resultados a las estrategias implementadas por la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, los crímenes ocurridos el pasado fin de semana han puesto en entredicho esta percepción oficial.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario compartió datos comparativos entre los años 2021 y 2025, destacando que, según cifras de la Policía Nacional, se han registrado 746 homicidios menos en ese periodo. Además, indicó que las muertes violentas de mujeres han disminuido en un 40 % en los últimos dos años, con una baja de 159 casos en 2023 a 96 en 2025.
Sánchez también señaló que solo en el mes de mayo se contabilizaron 211 homicidios a nivel nacional, de los cuales 25 correspondían a mujeres. Atribuyó la reducción de la criminalidad a medidas como la implementación del Estado de Excepción, la Operación Candado en zonas críticas, la divulgación de los “10 más buscados” y programas de prevención como el Plan Integral de Reducción de la Violencia y el fomento del deporte.
En el ámbito de protección a la mujer, resaltó la activación de la Línea 114, el funcionamiento del “Chatbot María” como canal de denuncia y atención, así como la creación de comisiones especiales para dar seguimiento a casos de violencia de género.
Pese a estas afirmaciones, los hechos ocurridos durante el fin de semana pasado contradicen la narrativa oficial. El domingo fueron asesinados dos profesionales de la comunicación: un comunicador social en Santa Rosa de Copán y un locutor radial en Juticalpa, Olancho. Además, en Tegucigalpa fue hallado el cuerpo sin vida y semidesnudo de una mujer en un basurero de la colonia Sagastume.
Estos casos recientes han despertado preocupación en la ciudadanía y generado cuestionamientos sobre la efectividad real de las estrategias de seguridad. Aunque las cifras muestran una tendencia a la baja, los eventos violentos continúan marcando la realidad del país y evidencian la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección de la vida.