El Ministerio Público, en colaboración con varias instituciones de seguridad, ha llevado a cabo una serie de allanamientos e inspecciones en oficinas de trámites legales y bufetes jurídicos en Tegucigalpa. El objetivo de estas acciones es incautar documentos, dispositivos de almacenamiento y otros elementos relacionados con denuncias que señalan a una supuesta red de abogados vinculados a actividades irregulares.
Las operaciones se están llevando a cabo con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI). Las intervenciones se concentran en oficinas ubicadas en el barrio La Granja de Comayagüela y en la zona del bulevar Juan Pablo II.
Según las denuncias recibidas, esta red de abogados se dedicaría a la venta de certificaciones de autenticidad que han sido firmadas y selladas en blanco por notarios públicos, quienes posteriormente desconocen dichos documentos. Estos certificados serían utilizados para realizar trámites legales fraudulentos, incluyendo escrituras, traspasos, constancias, y permisos de salida para menores de edad, entre otros.
Estos trámites irregulares son presentados ante diversas instituciones públicas como si fueran legales, afectando gravemente la integridad de los procesos judiciales y administrativos.
La investigación se encuentra enmarcada en delitos de falsificación de firmas y sellos en documentos públicos. Durante las inspecciones, los agentes de la ATIC están levantando evidencias que serán clave para el avance del expediente y el esclarecimiento de los hechos.
Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir la corrupción y las prácticas ilegales dentro del sistema judicial y administrativo del país, asegurando que las acciones legales se realicen dentro de los marcos de la ley.