El Ministerio Público de Honduras ha presentado este jueves un requerimiento fiscal contra el exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura Zablah. El fiscal Luis Javier Santos se presentó en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción para formalizar las acusaciones.
Asfura, quien ocupó la alcaldía en dos períodos (2014-2018 y 2018-2022) y fue candidato presidencial en 2021, es señalado por su supuesta participación en un esquema de lavado de dinero que habría drenado más de 28 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El requerimiento fiscal incluye a varios imputados: Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo, quienes, junto a Asfura, enfrentan cargos por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. También están implicados Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdova, acusados de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, así como Wilmer Gerardo Rodríguez y Roger Ariel Amador, quienes enfrentan cargos por lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos. Óscar Rolando Uriarte Romero es acusado exclusivamente de lavado de activos.
Según la acusación, entre 2017 y 2018, Asfura y sus coimputados habrían desviado la emisión de 32 cheques solicitados al banco administrador del fideicomiso de la AMDC, justificándolos como “fondos rotatorios” y “reembolsos de gastos”. Sin embargo, se sostiene que estos cheques fueron depositados en cuentas personales de los imputados y que los fondos fueron utilizados para beneficiar a personas vinculadas a Asfura.
El Ministerio Público también ha indicado que parte de este dinero podría haberse desviado para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía, pagar tarjetas de crédito y adquirir joyería. Este caso pone de relieve las serias acusaciones de corrupción que afectan a altos funcionarios en el país, mientras la sociedad civil espera justicia en un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones.