El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), ha formalizado un requerimiento fiscal contra tres exjuezas del Tribunal de Sentencias, Sala Tercera, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad. Las acusadas, Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora, son señaladas por su presunta implicación en un conflicto de propiedad que ha involucrado a una familia y una empresa urbanizadora en la colonia Cerro Grande.
La acusación se origina a raíz de un caso en el que se alega la omisión de las exjuezas en la resolución de excepciones cruciales, como la falta de acción y la incompetencia del tribunal para abordar la disputa sobre los derechos de propiedad. El MP también las señala por haber ordenado un desalojo que, según las investigaciones, se llevó a cabo de manera irregular, afectando los derechos de varias familias que habitaban en el área.
El conflicto legal comenzó cuando la defensa de la familia demandante presentó excepciones ante el tribunal, argumentando que los tribunales civiles eran los encargados de resolver la disputa sobre el derecho de propiedad. A pesar de la presentación de estas excepciones, las exjuezas no actuaron en consecuencia. Entre las pruebas presentadas por el MP destaca una sentencia de casación de 2004 que respaldaba los derechos de la familia sobre los terrenos en disputa.
A pesar de esta evidencia y las excepciones presentadas, en 2010 el tribunal, presidido por las exjuezas, ordenó el desalojo de las propiedades en conflicto. El desalojo, ejecutado el 3 de julio de ese año, afectó a las zonas de Cerro Grande y El Chile, donde se demolieron viviendas, cercos y otras construcciones, y se forzó el desplazamiento de las familias que residían en esos terrenos.
El caso fue posteriormente asignado a un nuevo tribunal en 2012, luego de varias recusaciones. Este tribunal determinó que los derechos de defensa de las familias afectadas habían sido vulnerados, ya que las excepciones presentadas dentro del plazo legal no habían sido atendidas adecuadamente por las exjuezas. Finalmente, el 21 de septiembre de 2012, el nuevo tribunal resolvió que la disputa debía ser tratada en el ámbito civil, y declaró procedentes las excepciones de falta de acción e incompetencia.
La Fiscalía ha subrayado que las acciones de las exjuezas no solo afectaron a las familias en disputa, sino que también constituyen un grave incumplimiento de sus deberes como funcionarias judiciales, al no dar curso a las excepciones y al ordenar un desalojo sin resolver previamente los aspectos legales fundamentales del caso.
El requerimiento fiscal presentado por el MP es un paso más en el proceso judicial para determinar la responsabilidad de las exjuezas y garantizar que se haga justicia en este caso, que ha provocado el desplazamiento y sufrimiento de numerosas familias en la zona norte del país.