El Ministerio Público (MP) ha declarado en secretividad las investigaciones que realiza contra dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes están siendo acusados de recibir sobornos. Esta decisión se dio a conocer luego de una denuncia interpuesta por Ramón Bertetty, exfuncionario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quien señaló a los magistrados de la Sala de lo Penal, Nelson Mairena y Mario Díaz, de estar involucrados en una presunta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de casos judiciales.
Yuri Mora, portavoz del MP, informó que la denuncia de Bertetty, que se hizo pública recientemente, está siendo investigada por la Fiscalía, y que, debido a la naturaleza del proceso, se ha optado por mantener la confidencialidad de los detalles de la investigación. Mora explicó que, mientras dure el proceso, no se proporcionarán más datos sobre los avances del caso, ni sobre las personas involucradas.
“Por el momento desconocemos las identidades de las personas de interés en la investigación. Será hasta que el proceso se concluya y se presente un requerimiento fiscal cuando podamos hacer públicos los detalles y señalar a los presuntos responsables, en caso de que se compruebe su culpabilidad”, señaló el portavoz del MP.
La denuncia de Bertetty
La investigación se originó a partir de una carta que Bertetty, quien previamente se desempeñó en el IHSS, habría enviado al Fiscal General Johel Zelaya. En dicha misiva, Bertetty acusa a los magistrados Mairena y Díaz de haber recibido una suma aproximada de tres millones de lempiras por intervenir favorablemente en ciertos casos judiciales que se encuentran en trámite en la Corte Suprema. La carta también señala que los sobornos fueron entregados a cambio de decisiones que favorecieron a ciertos actores, aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre estos casos.
El impacto de la denuncia
Esta denuncia ha generado un gran revuelo dentro del sector judicial y en la opinión pública, dado que involucra a dos altos funcionarios del máximo órgano judicial del país. Si bien el proceso se encuentra en una fase preliminar, el Ministerio Público ha subrayado que la investigación se llevará a cabo con rigor y que no se descartarán responsabilidades si se comprueban los hechos denunciados.
El caso podría tener serias implicaciones para la confianza de los ciudadanos en la independencia y transparencia del sistema judicial hondureño, un tema que ha sido recurrente en las discusiones sobre la necesidad de reformas al sector justicia. Sin embargo, el MP ha reiterado que respetará los plazos legales y que la investigación se desarrollará bajo estricta legalidad, sin prejuicios ni filtraciones.
En los próximos días, se espera que el Ministerio Público avance en la recolección de pruebas y, si corresponde, presente formalmente cargos en contra de los involucrados. Por ahora, tanto los magistrados señalados como las autoridades correspondientes se mantienen en silencio ante la gravedad de las acusaciones.