Miles de personas se unieron a la megamarcha organizada por la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH) para exigir la legalización de tierras y el respeto a los pueblos indígenas. La protesta, que tuvo un fuerte componente de rechazo a la construcción de la cárcel de Mocorón, en La Mosquitia, también demandó la extradición de los responsables de proyectos que atentan contra las comunidades.
Los manifestantes llegaron desde diferentes regiones del país para exigir al Instituto de la Propiedad la titulación de sus tierras, asegurando que no son invasores, sino que luchan por el reconocimiento de sus derechos sobre los territorios que habitan. Carteles como «Al gobierno del familión exigimos legalización de tierras» resonaron en cada rincón de la marcha, mostrando la frustración de quienes han esperado durante años por la regularización de su situación.
La movilización comenzó en Zizima y se dirigió hacia el Parque Central de la ciudad industrial, reuniendo a miles de personas que clamaban por una solución inmediata a la falta de títulos de propiedad. Los protestantes indicaron que esta lucha no solo busca resolver el tema de la tierra, sino también visibilizar otros problemas que afectan a la población hondureña en general.
A lo largo de la marcha, se denunciaron desalojos violentos de comunidades que, según los manifestantes, están siendo despojadas de sus territorios sin garantías legales. Además, los manifestantes expresaron su preocupación por la situación de los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de la lucha por la defensa de las tierras ancestrales en Mocorón, donde la construcción de una cárcel ha provocado un fuerte rechazo.
La marcha culminó con una contundente solicitud al gobierno: soluciones inmediatas para los problemas de tierras y respeto por los derechos de las comunidades, especialmente los pueblos indígenas.