Un estudio realizado por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. (CID Gallup), reveló que Honduras está entre los países de Latinoamérica que más han experimentado hambre en el último mes.
La encuesta de opinión pública refleja que un 52% de los hondureños ha sufrido hambre en las últimas cuatro semanas, corroborando el rotundo fracaso por parte del régimen de Xiomara Castro y Manuel Zelaya en la implementación de políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria en el país.
Para el período de diciembre de 2022 a febrero de 2023, que es cuando ha finalizado la cosecha de postrera en la mayor parte del país, al menos 2.3 millones de personas (24 % de la población analizada) se encuentran en Crisis alimentaria o peor (Fase 3 o superior de la CIF), por tanto, requieren acciones urgentes con objetivos de respuesta orientados a proteger medios de vida y reducir brechas de consumo de alimentos. De estas personas, por lo menos 1,990,000 se encuentran en Crisis (Fase 3 de la CIF) y alrededor de 311 mil en Emergencia (Fase 4 de la CIF) en todo el país. De las 20 áreas analizadas (los 18 departamentos y las ciudades de Distrito Central y San Pedro Sula) 17 se clasificaron en Fase 3, excepto los departamentos de Islas de la Bahía, El Paraíso y la ciudad de San Pedro Sula que se clasificaron en Fase 2. En este período, los departamentos con mayor severidad de inseguridad alimentaria son: Gracias a Dios (50 %), Lempira (32 %), Santa Bárbara (31 %) y Francisco Morazán (30 %) excluyendo al Distrito Central. En cuanto a los departamentos con mayor magnitud de inseguridad alimentaria son: Francisco Morazán en la ciudad del Distrito Central (278 mil personas), Cortés excluyendo la ciudad de San Pedro Sula (210 mil personas) y Yoro (190 mil personas).
La población se ve mayormente afectada por el bajo poder adquisitivo, el cual es resultado del incremento insostenible en el precio de la canasta básica alimentaria y precios de los combustibles, en contraste con los bajos ingresos que perciben los hogares; además de una disminución de las áreas de siembra de granos básicos por el alto costo de los insumos agrícolas y la incertidumbre climática, así como por los efectos residuales de tormentas tropicales (principalmente Julia) que han ocasionado pérdidas de cultivos por inundaciones o excesos de lluvia.
Aun cuando se ha brindado asistencia alimentaria humanitaria a la población mayormente afectada por parte del Estado y las agencias de cooperación, esta aun no alcanza el mínimo del 25 % de la energía alimentaria estipulado en los protocolos de la CIF para incluirse como asistencia significativa de las áreas.
Para el período de marzo a mayo de 2023, la situación se mantiene casi estable a nivel nacional, con una proporción del 24 % de la población (2.3 millones) en condiciones de Crisis o peor (Fase 3 o superior); sin embargo, a lo interno del país en algunos departamentos se identifican cambios en la severidad, la magnitud y la clasificación. Para el período de junio a agosto de 2023, la situación presenta un leve deterioro, con alrededor de 2.4 millones de personas (25 %) en Crisis o peor (Fase 3 o superior). El resultado refleja dinámicas variantes a lo interno del país, lo cual podría atribuirse a cambios en los principales medios de vida que tienen comportamientos heterogéneos que no necesariamente coinciden con la estacionalidad que tradicionalmente se vincula a la producción agropecuaria; esto es más visible en la actualidad por la recuperación económica y posible efecto “postpandemia” de COVID-19.
El período de hambre estacional esperado para la segunda proyección podría ser distinto bajo el supuesto de presencia del fenómeno de El Niño1 (sequía), que acentuaría el uso de las estrategias de afrontamiento de Crisis o Emergencia en los hogares más vulnerables, que sus ingresos dependen de la venta de mano de obra, principalmente en labores agrícolas.