El Congreso Nacional aprobó en primer debate un dictamen que busca reformar por adición el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública del decreto N. 146-86.
Lo anterior le daría al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la exclusividad de la investigación y decidir quiénes son responsables de delitos civiles, administrativos y penales, atribuciones que actualmente corresponden al Ministerio Público.
La medida se debate pocos días después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la reforma a la Ley General del Presupuesto y con ello le permite al Ministerio Público y a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) reactivar los casos como la Red de Diputados, que había sido sobreseído por la reforma legislativa.