Mientras otros miembros del Partido Nacional, acusados por actividades relacionadas al narcotráfico, han sido abandonados a su suerte y algunos permanecen en prisión, las últimas revelaciones que implican a Tonny Hernández, hermano del presidente hondureño, de traficar con influencias sobre jueces y fiscales para permitir la liberación y salida de Honduras de dos narcotraficantes colombianos, generaron reacciones inmediatas, tanto en las esferas de gobierno como en los principales líderes del partido, quienes en su afán de conquistar la simpatía del mandatario, defienden a través de los medios de comunicación y redes sociales al defensor de los narcotraficantes y niegan sus vínculos con el crimen organizado.
La maquinaria oficialista no tardo en salir a la defensa del abogado Tonny Hernández quien desde su bufete legal, en Gracias, Lempira, cobro tres millones de lempiras aprovechando el poder de su familia, y manipulando operadores de justicia, jueces y fiscales logro que el colombiano, Rubén Darío Pinilla y el hondureño Jester Orlando Miranda, quienes fueron capturados y acusados de mantener una plantación de cuatro manzanas cultivadas de marihuana y amapola, salieran en libertad y abandonaran tranquilamente el país.
Marvin Ponce, asesor presidencial, reacciono inmediatamente en defensa, asegurando que el bufete Hernández, tanto en Gracias, Lempira como en Tegucigalpa, litigaba solamente tratando asuntos administrativos y mercantiles, mientras las acusaciones en su contra eran temerarias y tendenciosas.
Otras figuras, considerados líderes del Partido Nacional como Oscar Álvarez, ex ministro de seguridad y ahora jefe de bancada en el Congreso Nacional, defendió a Tonny Hernández, de quien aseguro ha estado a favor de todas las leyes que están en contra y que perjudican al crimen organizado, a estas acciones se han unido otros dirigentes nacionalistas como Ricardo Álvarez Arias, designado presidencial y diputados incondicionales al mandatario y a su familia Hernández.
En otras oportunidades, personalidades locales y departamentales han sido acusados de narcotraficantes y miembros del crimen organizado, dejándolos a merced de la justicia y ante los cuales, la dirigencia se llamó al silencio, como sucedió con el ex alcalde del municipio de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, quien en plena campaña política, dominaba las portadas de los periódicos, abrazado con Juan Orlando Hernández, presidente de la cámara legislativa y ahora titular del poder ejecutivo. En forma inexplicable, Diana Urbina, diputada nacionalista y hermana del ex alcalde Urbina Soto, después de amenazar con llegar hasta las últimas consecuencias, se llamó también al silencio.
Arnaldo Urbina soto, quien apoyo decididamente la candidatura presidencial de Hernández, permanece recluido, bajo fuertes medidas de seguridad en el tercer batallón de infantería, con sede en naco, cortes, insólitamente, olvidado por la cúpula del partido nacional.
El caso del defensor de narcotraficantes, Tonny Hernández, representa un caso más de los muchos actos de corrupción que caracterizan la administración de Juan Orlando Hernández y su familia, quienes controlan todos los organismos contralores y poderes del estado y a través del tráfico de influencias, manipulan a jueces, fiscales y realizan negocios que les permite acumular riquezas en forma rápida e ilegal.