La Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia Hondureña (MAMUMH) expresó su rechazo al proyecto de construcción de una cárcel en Mocorón, Puerto Lempira, señalando que la iniciativa no traerá beneficios para la población indígena de la región.
En un pronunciamiento, los alcaldes de la zona indicaron que la creación de una cárcel de emergencia para albergar a más de 20,000 reclusos de otras partes del país no representa un beneficio para los habitantes del departamento de Gracias a Dios (La Mosquitia). Por el contrario, advirtieron que este proyecto podría incrementar la criminalidad en los municipios cercanos y generar impactos negativos tanto sociales como ambientales, además de causar invasión y usurpación del territorio indígena.
Los alcaldes pidieron a la presidenta Xiomara Castro que, antes de realizar cualquier inversión, se conforme una comisión gubernamental para llevar a cabo una consulta urgente con los pueblos indígenas, consejos territoriales, autoridades locales y comunales sobre la viabilidad del proyecto. Consideraron que el Estado de Honduras, como firmante de convenios internacionales, debe consultar a las comunidades afectadas en consonancia con lo establecido en la Constitución y otros marcos legales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
El comunicado también subrayó que el departamento de Gracias a Dios es un territorio indígena, reconocido por su biodiversidad y su importancia dentro del corredor biológico mesoamericano. Sin embargo, señalaron que la región ha sido históricamente ignorada en términos de inversión pública. Los habitantes de la zona han solicitado durante décadas que el Estado mejore las condiciones de vida en áreas como salud, educación, infraestructura vial y energética, y acceso a servicios públicos esenciales.
Además, resaltaron que el Estado de Honduras, en su artículo 346 de la Constitución y en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país, tiene la responsabilidad de garantizar la participación de los pueblos indígenas en decisiones que afecten su territorio y derechos.