La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifiesta su preocupación por la presentación de la iniciativa legislativa que pretende modificar el artículo 184 del Código Procesal Penal de Honduras.
La pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato, femicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros.
En caso de ser aprobada, la reforma legislativa posibilitará que los acusados de tales delitos queden en libertad, lo que aumentaría las posibilidades de fuga de los imputados por dichos delitos. Esto, a su vez, incrementa la posibilidad de que puedan ejercer violencia contra los testigos de tales causas, realizar maniobras para hacer desaparecer los bienes producto de las actividades criminales por las cuales están siendo procesados, así como la práctica de nuevos delitos.
La adopción del texto actual del artículo 184 del Código Procesal Penal tuvo originalmente como objetivo garantizar la vida, seguridad, integridad física, libertad personal y la propiedad de las personas, así como fortalecer la lucha contra la violencia, el tráfico de drogas, la corrupción y otros delitos graves.
Las circunstancias históricas que llevaron a la adopción de tal legislación no han sido superadas y siguen estando presentes en la sociedad hondureña.
Para hacer frente a problemas graves y a hechos extraordinarios de violencia, corrupción e impundad, son justificadas la adopción de medidas extraordinarias.
La MACCIH recuerda que delitos como el de lavado de activos están asociados a otros crímenes graves, como el tráfico de drogas, la actividad de organizaciones criminales y la corrupción institucionalizada.
Igualmente recuerda que una reforma de similar contenido fue aprobada por el Congreso Nacional y vetada por el Presidente de la República en el año 2016.
La MACCIH exhorta a la sociedad hondureña a reflexionar sobre las consecuencias de la pretendida reforma e insta a mantener las actuales medidas legislativas para garantizar la efectiva sanción de aquellos delitos asociados con graves hechos de violencia y corrupción.