La decisión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de ordenar la publicación en el diario oficial La Gaceta de tres contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto total de 190 millones de dólares, ha desatado una fuerte polémica por supuestamente haberlo hecho sin cumplir el procedimiento legislativo que exige la Constitución.
Los contratos, firmados el 30 de diciembre de 2024 entre el Gobierno de Honduras y la CAF, fueron publicados sin que el Congreso Nacional ratificara el acta correspondiente, lo que ha generado duras críticas de diputados de oposición y expertos en derecho constitucional, quienes señalan que tal acción viola el principio de legalidad y el debido proceso parlamentario.
De acuerdo con el documento difundido en La Gaceta, los fondos están destinados a programas de reinversión pública, infraestructura y fortalecimiento institucional. El acuerdo fue formalizado por la Secretaría de Finanzas, y firmado por Maximiliano Ricardo Alonso, representante legal de la CAF.
“La publicación de estos contratos sin ratificación del pleno es completamente ilegal”, advirtieron legisladores opositores, quienes consideran que Redondo actuó fuera de sus atribuciones al omitir un paso esencial del proceso legislativo.
La situación ha generado preocupación en sectores jurídicos y políticos, quienes advierten que este tipo de precedentes podrían llevar a la anulación de los contratos o afectar la imagen del país ante organismos financieros internacionales.