«En el CN se va trabajando con un volumen de agenda, se van agendando, se van construyendo los acuerdos, los parlamentos son así, las decisiones no son unilaterales, no son de un diputado, deben ir construyendo los acuerdos para ir logrando aprobarlos», agregó Rasel Tomé.
Algunas organizaciones defensoras de Derechos de la Mujer han señalado que el Estado de Honduras es cómplice de la impunidad imperante para las víctimas de la criminalidad, violencia y misoginia.
“Es un estado cómplice, porque no se está haciendo lo necesario para combatir este problema, para proteger la vida de las mujeres, porque se supone que cada estado, prioritariamente lo que debe proteger es la vida, y hasta ahora, en el caso de las mujeres, no se está haciendo”, dijo la defensora de derechos de la mujer del Movimiento Visitación Padilla, Merlin Eguigure.
Hasta la fecha, las estadísticas de femicidios son alarmantes, pues van 125 mujeres asesinadas, reportándose un incremento del 16% de victimas en comparación al 2022.
“Tenemos un Ministerio Público que no investiga, que no captura, no da con los criminales, todo queda en completa impunidad, eso señala cómo el estado de Honduras precisamente, violenta la vida de las mujeres”, señaló la presidenta de las Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Ana García.
En la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dieron a conocer algunos resultados de su misión y advirtieron que en Honduras persiste la violencia de género y el especial ensañamiento misógino sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes.
La CIDH también advirtió sobre el retardo de la aprobación de leyes para la protección de las mujeres. La Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres; la Ley de Alerta Morada; la Ley de Casas Refugio o la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW han quedado en el olvido.