Personeros del gobierno salieron al paso de las críticas de la iniciativa privada a la Ley de Justicia Tributaria y afirmaron que no se trata de un ataque contra ellos, al tiempo que aseguraron “no se perderá un solo empleo”.
– Las exoneraciones representan un 7 % del PIB, según el gobierno.
Sentenciaron que “lo que se van a perder son privilegios y escudos que permitieron que en el país en 12 años se perdieran 568 mil millones de lempiras por las exoneraciones y el principio de renta territorial”.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes: el coordinador del gabinete de gobierno, Rodolfo Pastor; el ministro de Gobernación, Tomás Varquero; el ministro de Gestión por Resultados de Honduras, Marcio Sierra; el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa; y el sudirector del SAR, Cristian Duarte.
El titular del SAR, Marlon Ochoa aseguró que el Proyecto de Ley de Justicia Tributaria no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales, “la revisión de este decreto fue aprobada en gabinete de gobierno por unanimidad”.
Enfatizó que la norma no es un ataque a la empresa privada, ni siquiera contra las empresas exoneradas que usan bien el beneficio.
Citó que la revisión de las exoneraciones, además de ser una sugerencia planteada por organismos internacionales hace más de una década “es una propuesta de gobierno contenida en el plan de refundación” que fue enviada esta tarde al Poder Legislativo.