Como Cohep no se nos ha presentado ninguna propuesta de reforma, pero no se trata de reformar o derogar la ley de Modernización Agrícola, lo que el INA debe hacer es el censo de todas las tierras nacionales que tiene”, señala.
Ese debe ser un trabajo en conjunto con las alcaldías y el Instituto de la Propiedad (IP) para que con el censo se tengan datos sobre los cuales se pueda hacer un planteamiento concreto.
“Al no contar con estos datos y venir solo a decir que se va a hacer una reforma a la ley, es continuar engañando al mismo sector agrario y organizaciones. No es una reforma lo que se requiere, son temas más institucionales”, refiere Solórzano.
La apuesta, considera Solórzano, debe ser por una distribución equitativa, pero el INA ha cumplido. Incluso con las tierras de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
“Esas son tierras que una vez que se hace o termina un proceso y las tierras pasan al Estado, el Estado es libre de hacer con ellas lo que determine. Si las quiere ceder, donar (…) y no necesita una reforma legislativa.
El Estado a la fecha ha buscado un provecho porque coloca esas tierras a disposición de empresas que puedan hacerlas producir, pero en ningún momento ha venido y ha apoyado”, explica.
Más que decir que las tierras que tenía la OABI «se las vamos a dar al sector agrario, también hay que ver la asistencia técnica».
Esto porque aseguran que les dan la tierra a grupos campesinos y esos grupos con el transcurso del tiempo terminan vendiendo a particulares.
«Estamos en ese círculo casi vicioso, porque cuando se venden, vuelven otra vez los problemas de reclamar el derecho a propiedades”, advierte.