A más de tres años de gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, las promesas clave en materia de seguridad y justicia siguen sin cumplirse, a pesar del aumento significativo en el presupuesto asignado a las secretarías de Seguridad y Defensa, según el informe Estado de país 2025: Seguridad y Justicia, presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El análisis realizado por la ASJ resalta que, de los ocho compromisos principales establecidos en el Plan de gobierno para refundar Honduras (2022-2026), solo uno ha sido cumplido hasta la fecha. En cuanto a los avances, dos están en proceso, pero cinco siguen sin ser abordados. Entre los compromisos más importantes no cumplidos figuran la desmilitarización de la seguridad ciudadana, la derogación de leyes que favorecen la impunidad y el fortalecimiento del sistema de justicia.
Pese al incremento de los presupuestos destinados a las Secretarías de Seguridad y Defensa —con aumentos de un 61% y 18.7% respectivamente respecto al período 2019-2021— los problemas de criminalidad y violencia persisten y siguen afectando gravemente a la población. Este aumento presupuestario demuestra que, aunque el financiamiento no es el principal obstáculo, las estrategias efectivas y sostenibles continúan siendo una tarea pendiente para el gobierno.
Uno de los delitos más comunes sigue siendo la extorsión, que en 2024 afectó al 11.6% de la población hondureña. Las zonas más afectadas por este flagelo incluyen los departamentos de Intibucá (18.2%), Atlántida (15.8%), Colón (15.2%), Choluteca (14.8%), Francisco Morazán (14.5%) y Cortés (12.4%).
El informe también aborda el impacto del estado de excepción, implementado en diciembre de 2022 como parte de la estrategia contra la extorsión. Aunque la medida se prolongó, las restricciones a los derechos fundamentales han generado más de 700 denuncias contra agentes del orden público. Además, la medida ha planteado serias preocupaciones sobre el impacto que pueda tener en la democracia, particularmente en el contexto de las elecciones generales de 2025.
Otro de los hallazgos preocupantes del informe es el incremento del 165% en las denuncias por lavado de activos, acompañado de un índice de impunidad del 89% en estos casos. Además, la crisis derivada de la suspensión del tratado de extradición con Estados Unidos ha evidenciado injerencia política en decisiones clave del gobierno, afectando tanto el Estado de Derecho como los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado.
El informe de la ASJ deja claro que, a pesar de los esfuerzos financieros, las reformas en seguridad y justicia siguen siendo insuficientes y que es urgente implementar estrategias eficaces para combatir la criminalidad, la impunidad y fortalecer el sistema judicial en Honduras.