La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró ayer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Venezuela restablezca la concesión de la frecuencia con que operaba el canal de televisión RCTV, el más seguido del país hasta su cierre, en 2007, por el gobierno de Hugo Chávez.
El fallo de la CIDH «determinó la devolución del Canal 2 a la emisora Radio Caracas Televisión [RCTV], al tiempo que exigió al gobierno de Venezuela acatar y cumplir la sentencia de inmediato», destacó la SIP en un comunicado.
«Hace justicia al devolver este medio a quienes les fue usurpado en forma ilícita y discriminatoria, luego de que cayeran en desgracia con el gobierno venezolano por practicar un periodismo libre, crítico e independiente», señaló Gustavo Mohme, presidente de la SIP.
Mohme subrayó que las amenazas contra RCTV y sus trabajadores, mucho antes de que fuera confiscado y sus equipos robados, «demuestran cuán implacable puede ser un gobierno cuando quiere cercenar el derecho del público a la información».
La sentencia de la CIDH, que se dio a conocer el lunes pasado, señala que el Estado deberá restablecer la concesión de la frecuencia desde la que transmitía RCTV, devolver los bienes materiales incautados, pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y reintegrar costas y gastos.
Además, el gobierno deberá «realizar procesos de asignación de frecuencias en forma transparente, así como rendir un informe, en el plazo de un año, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, calificó la decisión de la CIDH como una «victoria ejemplar».
«Más allá de reconocer la legítima actuación de un medio independiente del gobierno y de desnudar la opresión del régimen venezolano, ordenó que los procesos de asignación y renovación de frecuencias sean conducidos de manera abierta, independiente y transparente de ahora en adelante», señaló Paolillo.
El caso RCTV se remonta al 27 de mayo de 2007 cuando, por orden directa del entonces presidente Hugo Chávez, el gobierno cerró la emisora de señal abierta y confiscó sus 48 estaciones repetidoras y equipos de transmisión. Chávez fundó su decisión en que la cadena había tenido una actitud «golpista» durante el breve intento de golpe de Estado contra su presidencia, en 2002, cinco años antes de la repentina decisión de cierre. Por otro lado, y en el centro del malestar presidencial, el gobierno destacó que sólo cubría las actividades de la oposición y no las del oficialismo.
Escalada
La embestida contra RCTV fue el comienzo de una escalada del chavismo contra los medios independientes de Venezuela, que forzó el cierre o la venta de diarios, radios y canales de televisión de tendencia editorial independiente en Caracas y el resto del país.
El último episodio fue la prohibición de salir del país que rige contra los directores de tres medios críticos: el diario El Nacional, el semanario Tal Cual y el sitio web La Patilla, junto con una veintena de sus directivos. La decisión se produjo luego de que esos medios reprodujeron la información publicada por el diario español ABC, según la cual un ex escolta de Hugo Chávez involucraba al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el tráfico internacional de drogas.
El acoso a la prensa se vuelve especialmente delicado en momentos en que Venezuela se encamina a unas elecciones legislativas en las que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) podría arrebatarle la mayoría parlamentaria al chavismo, en medio de la crisis económica, social y política que vive el país, con niveles de inflación, recesión y desabastecimiento récord en América latina.
La CIDH advirtió a fines del mes pasado que en un año electoral, con las legislativas convocadas para el 6 de diciembre, «frente a la reducción del pluralismo informativo y la disminución de medios de comunicación independientes, resulta urgente que cese el hostigamiento verbal y judicial que restringe el libre flujo de ideas y opiniones».
NICOLÁS MADURO- Presidente de Venezuela
Según la CIDH, el gobierno de Maduro siguió con «la violación de la libertad de expresión perpetrada por el fallecido Hugo Chávez».