La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, calificó como “positiva e histórica” la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar constitucional el “Pacto de Impunidad”. Este pronunciamiento, sin embargo, ha suscitado dudas sobre la viabilidad de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) en el país.
Aunque Castro ha reiterado su compromiso con la creación de la CICIH, expertos en derecho señalan que la resolución judicial podría complicar la instalación de esta comisión, ya que uno de los requisitos clave exigidos por la ONU para su implementación es la derogación del mencionado pacto.
En un mensaje en su cuenta de X, la mandataria destacó que la decisión de la CSJ pone fin a lo que ella describe como “cruentos ataques del golpismo” y a la persecución política que sufrieron las víctimas del golpe de Estado del 28 de junio. Además, mencionó que este golpe impuso a un dictador que actualmente enfrenta condenas por narcotráfico en Estados Unidos.
La votación de la CSJ, que resultó en 10 magistrados a favor y cinco en contra, ha generado reacciones mixtas. Analistas coinciden en que esta decisión podría ser el golpe de gracia que impide la llegada de la CICIH a Honduras, en un momento crítico para la lucha contra la corrupción en el país.