La presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, dijo que la demanda presentada por la entidad en Estados Unidos contra su expresidente Dante Mossi se circunscribe a acciones realizadas por este en ese país y no tiene nada que ver con las operaciones del banco.
«No tiene absolutamente nada que ver con ninguna operación del Banco ni con ningún país miembro. Es un tema específicamente de acciones realizadas por el ex funcionario y realizadas en esa jurisdicción y es por eso que se realiza la demanda en Estados Unidos», dijo Sánchez en una entrevista con EFE en Bruselas.
El BCIE presentó el 5 de septiembre una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos contra Mossi por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación de la ley estadounidense de «Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión».
El Gobierno de Nicaragua, uno de los socios fundadores del BCIE, dijo que no respalda esta demanda y criticó tanto que se haya presentado en un país no miembro de la entidad multilateral como que no se consultase de antemano con los accionistas.
«Era una responsabilidad para nosotros accionar en este sentido y poder demostrar que (…) para nosotros el campo legal abarca a todas las personas, obviamente tanto a nuestros funcionarios como exfuncionarios, y que la ética y los valores que han hecho grande al BCIE tenemos que defenderlos y preservarlos a toda costa», dijo Sánchez preguntada por la demanda.
En 2023, periodistas del Organized Crime and Corruption Reporting Project revelaron que bajo el mandato de Mossi – entre 2018 y 2023 – el BCIE financió proyectos de infraestructuras que luego estuvieron envueltos en escándalos, donde sus préstamos fueron utilizados para pagar sobornos o vistos como una fuente fácil de efectivo.
En El Salvador, por ejemplo, encontraron que 200 millones de dólares de un préstamo del BCIE diseñado para apoyar a pequeñas y medianas empresas en la pandemia se desviaron para financiar el plan gubernamental de hacer del Bitcoin la divisa nacional.
La nueva presidenta ejecutiva, que tomó las riendas de la entidad en diciembre de 2023, dijo que desde entonces el banco ha adoptado mejoras para evitar problemas de este tipo, como reducir de dos meses a 24 horas el tiempo de respuesta a los medios de comunicación, aplicar una nueva política contra la corrupción, el fraude y otras prácticas prohibidas; y cerrar una alianza con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En general, el Banco adoptó un «robusto» plan de reformas de su gobernanza con 26 medidas de las que se han implementado el 75 % y que esperan completar antes de final de este año.
Asimismo, añadió la costarricense, se ha aprobado una nueva estructura organizacional alineada con la nueva estrategia del banco y se ha aprobado un presupuesto «significativamente menor que el del año pasado», lo que ya está permitiendo mejorar eficiencias.
«Desde nuestros gobernadores como nuestro directorio y la administración tenemos un compromiso muy fuerte con la transparencia y la rendición de cuentas y, por supuesto, con usar de la mejor forma los recursos», dijo Sánchez.-EFE