Animada por el voto de 7,2 millones de personas en el plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, la oposición venezolana definía este lunes su «ofensiva final» para frenar la elección de la Asamblea Constituyente y presionar por un cambio de gobierno.
«El mundo y Miraflores (palacio presidencial) deben escuchar el grito de todo un país. Lo que viene ahora es que materialicemos el mandato que nos dio la gente», declaró este lunes Julio Borges, presidente del Parlamento, controlado por la oposición.
El oficialismo cuestionó los resultados de antemano, señalando que el proceso no es vinculante y es «ilegal» por no tener aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno.
Tras el resultado y a dos semanas de la elección de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaba este lunes lo que llama la «hora cero», una estrategia para precipitar un desenlace del conflicto con el escalamiento de las protestas que estallaron casi cuatro meses atrás y que dejan 96 muertos.
Según Borges, el plebiscito evidenció la voluntad del país de sacar a Maduro del poder por los votos antes de que termine su gestión en enero de 2019, pues el 5% que falta por escrutar permitiría alcanzar los 7,5 millones de votos necesarios para revocar el mandato del presidente si hubiera un referendo.
En las últimas elecciones venezolanas, las parlamentarias de 2015, la oposición arrasó con 7,7 millones de votos de un total de casi 20 millones de electores, quebrando una hegemonía chavista, entonces de 17 años, en la Asamblea Nacional.
«Se evidencia una demanda de cambio político persistente a lo largo del tiempo», dijo a la AFP el politólogo John Magdaleno, quien consideró el plebiscito «exitoso» porque fue organizado por «la ciudadanía» en poco tiempo y con solo 2.000 centros de votación frente a 14.000 en 2015.
– El plebiscito como presión –
Dirigentes oficialistas anunciaron que este lunes presentarán pruebas de supuestas votaciones fraudulentas y criticaron que la oposición decidiera quemar los registros de la consulta con el argumento de evitar represalias contra los votantes.
«¿Qué van a auditar?, ¿cenizas? No puede el país seguir sometido a la burla permanente por parte de la oposición», declaró la excanciller Delcy Rodríguez, candidata a la Constituyente.
En un pulso con la oposición, el oficialismo también movilizó masivamente a sus seguidores el domingo en un simulacro de la elección, prevista el 30 de julio, de los 545 asambleístas de la Constituyente. El gobierno lo calificó de «histórico» por su participación.
El reto de la oposición es servirse del plebiscito para masificar la protesta y «fracturar al adversario» para «presionar una negociación que lleve a una oportunidad pacífica de cambio», según Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis.
A su vez, el desafío del gobierno es evitar una baja participación en la elección de la Constituyente, porque de lo contrario nacería sin «legitimidad», según el analista.
La consulta opositora contó con apoyo de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Estados Unidos y de gobiernos de América Latina y Europa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó este lunes a «asumir» que una mayoría rechaza el intento de Maduro de redactar una nueva Constitución, mientras los gobiernos de España, Alemania, Canadá y México pidieron al mandatario venezolano reconsiderar su convocatoria y buscar una salida negociada a la crisis.
El plebiscito simbólico tuvo como observadores a los expresidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), quienes pidieron a la comunidad internacional que presione para que se anule «esa Constituyente golpista».
– «Sentarse a hablar» –
La oposición acusa a Maduro de hundir la economía del país petrolero, con una inflación de tres dígitos, y asfixiar a la población con una severa escasez de alimentos y medicinas.
El mandatario asegura que la Constituyente traerá la paz y recuperación económica, pero sus detractores afirman que con ese proyecto Maduro pretende consolidar «una dictadura».
Maduro pidió el domingo dar una «oportunidad» a su iniciativa y llamó a los opositores a no volverse «locos» con los resultados del plebiscito y «sentarse a hablar».
La Constituyente abrió una fractura en el chavismo, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, quien no votó en la consulta opositora pero ha llamado a evitar que Maduro consolide su proyecto, rechazado según Datanálisis por el 70% de venezolanos.
Respaldado por los poderes electoral, judicial y militar, Maduro da por hecho que tendrá a partir de agosto una Constituyente que regirá al país como un «suprapoder» por tiempo indefinido, con facultades de hasta anular el Parlamento y la Fiscalía.-AFP