La diputada hondureña Gladys Aurora López, acusada del delito de malversación de caudales públicos por uso indebido de fondos, ha sido beneficiada con medidas sustitutivas a la prisión, de acuerdo con la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Acompañada de otros imputados, López compareció en la audiencia de imputados de este martes, donde se le impuso la firma periódica en los juzgados capitalinos y la prohibición de salir del país.
Melvin Duarte, oficial de comunicaciones de la CSJ, detalló que la legisladora del Partido Nacional enfrenta cargos por malversación de caudales públicos, mientras que Ricardo Padilla Ordóñez enfrenta acusaciones por violación de los deberes de los funcionarios públicos. Ambos estuvieron presentes en la audiencia, que también incluyó a Mario Ricardo Cardona Flores, acusado por violación de los deberes de los funcionarios, y Wilmer Geovanny Vásquez, imputado por falsificación de documentos. Sin embargo, Cardona y Vásquez permanecen prófugos de la justicia.
La diputada López negó las acusaciones, defendiendo que los materiales gestionados para un proyecto de energía en la comunidad de La Ceibita, en Opatoro, La Paz, fueron entregados para la ejecución de la obra y que no era su responsabilidad custodiar los mismos. López afirmó tener pruebas documentales y otros elementos de prueba que desvirtuarán las imputaciones en su contra, los cuales presentará durante el debate que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero a las 9:00 de la mañana.
El congresista Mario Pérez, compañero de bancada de López, estuvo presente en la audiencia para acompañar a la diputada en el proceso judicial.
Relación de los Hechos
El 9 de diciembre de 2024, la Fiscalía Especial contra la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó un requerimiento fiscal en contra de López y otros tres implicados, incluyendo dos exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la investigación, la diputada gestionó un proyecto de energía para la comunidad de La Ceibita, en La Paz, que ya contaba con alumbrado público. Sin embargo, los recursos destinados para este proyecto fueron desviados y utilizados en otro proyecto privado en San Pedro Sula.
La audiencia inicial se ha fijado para el 13 de febrero, donde se espera que se presenten más detalles sobre este caso de presunta corrupción.