El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió, por mayoría de votos, que el Decreto 04-2022, conocido como el ‘Pacto de Impunidad’, es constitucional. La resolución, emitida la noche del martes, declaró “sin lugar” los recursos de inconstitucionalidad presentados contra esta ley, con una votación de 10 a 5.
El oficial de comunicaciones de la CSJ, Melvin Duarte, informó que la corte validó “la totalidad” del Decreto de Amnistía, lo que implica que todos los aspectos relacionados con la ley son constitucionales. Esta decisión afecta directamente a la propuesta de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (CICIH), una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
Los magistrados a favor de la constitucionalidad incluyen a Rebeca Ráquel Obando, Mario Díaz y Aída Patricia Martínez, entre otros, mientras que los disidentes fueron Gaudy Bustillo, Walter Miranda y Anny Ochoa, por mencionar algunos. Duarte explicó que la declaración de “sin lugar” se refiere a todos los apartados de la norma, incluidos los relacionados con amnistía y la protección de defensores de derechos humanos.
La decisión de la CSJ no solo confirma la legalidad del decreto, sino que también significa que los casos de exfuncionarios como Enrique Flores Lanza y Marcelo Chimirri, quienes ya habían sido liberados de acusaciones, quedarán bajo el amparo de esta legislación. Este contexto ha generado un intenso debate en diversos sectores de la sociedad, que consideran que la ratificación del ‘Pacto de Impunidad’ debilita la lucha contra la corrupción en el país.
Cabe recordar que la discusión sobre este tema estaba inicialmente programada para el 20 de septiembre, pero fue pospuesta por falta de preparación de algunos magistrados. Con este fallo, la CSJ ha marcado un hito en el panorama político hondureño, lo que podría complicar aún más la llegada de la CICIH.