La reciente detención del exjefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, general Romeo Vásquez, y otros dos altos mandos militares, ha reavivado el debate sobre la justicia pendiente por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado en 2009. Esta captura, que involucra los homicidios de manifestantes durante el regreso del expresidente Manuel Zelaya, ha puesto nuevamente en el centro de la discusión los crímenes cometidos durante ese periodo, en particular aquellos que siguen en la impunidad.
El 5 de enero de 2025, las autoridades capturaron a Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, quienes fueron acusados de ser responsables de la muerte de Isis Obed Murillo y las lesiones graves a Alex Zavala, tras un ataque militar contra manifestantes que se encontraban cerca del aeropuerto Toncontín, exigiendo el retorno de Zelaya. Este hecho se suma a la serie de abusos que marcaron el golpe de Estado, donde los militares actuaron con violencia contra los ciudadanos, incluso fuera del marco de la legalidad.
Sin embargo, mientras este proceso judicial comienza a avanzar, otro escándalo que involucra a miembros del aparato estatal sigue sin resolverse: la impunidad por los ataques sistemáticos a los medios de comunicación durante la misma crisis política. La denuncia en contra de los excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), quienes fueron responsables del cierre ilegal de medios de comunicación como Cholusat Sur y Radio Globo, revela una continuidad en las tácticas represivas de aquel gobierno que cercenó la libertad de expresión y persiguió a los periodistas y medios críticos al régimen.
A pesar de las acusaciones formales en su contra, los excomisionados acusados, Miguel Ángel Rodas Martínez, Héctor Eduardo Pavón Aguilar y José Antonio López Sanabria, siguen gozando de impunidad.
El director de Cholusat Sur, Esdras Amado López, destacó que más de 15 años de lucha por la justicia han sido necesarios para enfrentar la impunidad de estos hechos, que incluyeron la falsificación de documentos y la violación de derechos fundamentales de los medios de comunicación. Mientras las detenciones de los exmilitares en el caso de los homicidios parecen ser un paso hacia la justicia, el caso de los excomisionados de CONATEL ilustra la falta de avances significativos en otros crímenes cometidos durante ese periodo oscuro de la historia de Honduras. Las víctimas de la censura y la represión mediática siguen esperando que la justicia haga frente a los responsables, quienes, al igual que los autores del golpe de Estado, han logrado evadir las consecuencias de sus acciones.