El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo Vásquez y otros dos militares acusados por homicidio en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, fueron enviados este lunes a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa.
Los otros dos acusados son el exsubjefe de la institución castrense Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto.
Los tres generales retirados fueron enviados a la Penitenciaría Nacional bajo un amplio dispositivo policial por resolución de un juez, que además les fijó audiencia preliminar para el 10 de enero.
El Ministerio Público (Fiscalía)acusa a Vásquez, Cervantes y Puerto, de «delitos de homicidio y lesiones graves» contra los ciudadanos Isis Obed Murilo y Alex Roberto Zavala, seguidores de Zelaya, esposo y asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Murillo murió el 5 de julio de 2009 por un disparo en la cabeza cuando participaba en una manifestación, el 5 de julio de 2009, cuando Manuel Zelaya intentó retornar al país por vía aérea, lo que le impidieron las Fuerzas Armadas cruzando camiones en la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín, de la capital hondureña.
Por su parte, Zavala sufrió «graves lesiones» a consecuencia de los disparos realizados por soldados hondureños, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Según las investigaciones, las actuaciones de los militares fueron «brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente».
Tras ser detenido en Tegucigalpa, Vásquez denunció en la red X ser «víctima de persecución política y manipulación de poder» y que fue «capturado injustamente».
Manuel Zelaya fue derrocado cuando promovía una consulta popular denominada la «Cuarta urna», orientada a reformas constitucionales, desoyendo al Parlamento, al Tribunal Supremo Electoral, a la Procuraduría General, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, que consideraban que la convocatoria de dicha votación era ilegal.-EFE