El Ministerio Público investigó y pudo comprobar que el banco de los trabajadores, otorgó millonarios préstamos sin cumplir con los requisitos de ley y autorizó sobregiros a clientes que tenían peligrosos niveles de endeudamiento y lo más grave aún, sin la autorización del Banco Central de Honduras.
Las investigaciones revelan que el Banco de los Trabajadores ha venido operando con deficiencia administrativa basándose únicamente en créditos de consumo.
Asimismo, una exhaustiva investigación efectuada por el Ministerio Público de honduras pone al descubierto que, otorgo facilidades crediticias a grandes deudores comerciales, sin aplicar una sana y efectiva gestión de crédito , situación que provoco un grave deterioro de la cartera crediticia requiriendo reservas adicionales para otorgar créditos de dudosa recuperación.
Todo lo anterior representaba un 95 por ciento del patrimonio del banco, hasta el 2010, por lo que representó una de las causas principales del deterioro financiero del banco de los trabajadores.
A causa de lo previamente expuesto, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala III del Tribunal de Sentencia, inició juicio oral y público por delitos financieros contra 7 ex miembros de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores.
Los encausados responden a los nombres de: Isidro Rigoberto Romero Lozano, Miguel Marchetti Fabs, José Dolores Valenzuela Gavarrete, José Alfredo Elvir Hernández, Ilda Orfilia Rubio Alvarado, Juan Carlos Saravia Rivera y Carlos Mariano Martínez Jiménez.
A los encausados el ente acusador del Estado les imputó el otorgamiento de préstamos sin los requisitos de ley a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras ( FESITRANH), a la que pese a su nivel de endeudamiento se le autorizaron sobregiros, contradiciendo a lo estipulado en el manual de procedimientos y políticas de crédito del Banco y se continuó concediéndoles préstamos sin ser previamente autorizados por el Banco Central de Honduras.
En iguales condiciones irregulares se concedieron préstamos a otras empresas entre ellas Inmobiliarias San Sebastián, Empresa Sociedad Técnica de Construcción S.A de C.V (TECNOCASA) S.A de CV y otras.
Aquí el boletín 13-09-2016 de la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia:
