La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, expresó su preocupación ante los recientes casos de corrupción que involucran a diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). Según Castellanos, estos hechos evidencian no solo un creciente deterioro institucional, sino también una peligrosa concentración del poder en manos de grupos cercanos a la estructura del partido de gobierno.
En declaraciones a medios de comunicación, Castellanos señaló que las recientes filtraciones sobre una conversación entre un funcionario y una diputada del Congreso Nacional, así como la denuncia sobre el uso de fondos públicos para financiar actividades partidarias, exponen el manejo clientelista de los recursos del Estado en beneficio de círculos políticos reducidos.
“Ambos hechos ocurrieron casi al mismo tiempo y en un contexto políticamente complicado para Libre”, subrayó Castellanos, quien recordó además que estos casos se suman a escándalos anteriores como el “caso Koriún” —que permanece sin esclarecer— y el narcovideo difundido el año pasado, donde se sugieren posibles vínculos entre la familia presidencial y estructuras criminales desde la fundación del partido en 2013.
La socióloga también resaltó la preocupante asignación y manejo de fondos públicos por parte de diputados afines al Ejecutivo. Castellanos indicó que la diputada Cuéllar, identificada como una de las más cercanas a la cúpula del partido y a la familia presidencial, habría gestionado y distribuido la mayor cantidad de recursos, con cifras que superan los 20 millones de lempiras solo en este período de gobierno. Además, mencionó que otros miembros de la junta directiva del Congreso, especialmente representantes de Santa Bárbara, Francisco Morazán y Cortés, estarían implicados en el manejo de sumas significativas.
Uno de los puntos más críticos, según Castellanos, es la politización de programas sociales como las becas estudiantiles. La socióloga denunció que estos fondos fueron canalizados directamente por diputados, desplazando el papel de la Secretaría de Educación y eliminando los requisitos académicos tradicionales. Incluso, añadió que existen denuncias de jóvenes becados que eran obligados a realizar tareas propagandísticas, como enviar mensajes ofensivos desde centros de llamadas controlados por el gobierno, bajo la amenaza de perder sus becas si se negaban a colaborar.
“Es una forma de corrupción juvenil que afecta no solo a los estudiantes, sino también a sus familias, porque convierte un derecho como la educación en un instrumento de manipulación política”, enfatizó.
Castellanos fue categórica al advertir que el oficialismo no puede escudarse en un discurso de persecución política para justificar estos hechos. “Ni las filtraciones ni el narcovideo vinieron de la oposición; son situaciones generadas dentro del propio partido”, afirmó.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, Castellanos considera que el Partido Libre podría estar en riesgo de perder la confianza del electorado independiente, especialmente de aquellos que apostaron por una verdadera lucha contra la corrupción. “Si el gobierno continúa en silencio frente a estos casos, no solo debilita su credibilidad, sino que pierde uno de los pilares fundamentales de su discurso político”, concluyó.