Un juez con jurisdicción nacional en delitos de criminalidad organizada y corrupción dictó sobreseimiento definitivo a favor de tres exjuezas que enfrentaban acusaciones por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. La decisión judicial fue emitida luego de que no se pudieran presentar pruebas suficientes que implicaran a las exmagistradas en los cargos que se les atribuían.
Las exjuezas Thelma Aracely Cantarero, Ruth Anabella Cruz y Zoila Rosa Hernández habían sido acusadas por el Ministerio Público de presuntamente incumplir con sus deberes al no resolver adecuadamente un conflicto judicial relacionado con un caso de propiedad en la colonia capitalina Cerro Grande. En su momento, las acusaciones señalaban que las magistradas habrían cometido abusos de autoridad y violación de sus funciones al omitir la resolución de excepciones relacionadas con la falta de acción y la nulidad de actuaciones.
La resolución del juez, que exoneró a las exjuezas, se basa en la falta de evidencia que vincule a las acusadas con los delitos que se les imputaban. En su fallo, el tribunal subrayó que no existía el más mínimo indicio de participación en las acusaciones, lo que llevó a declarar el sobreseimiento definitivo en el caso.
Las acusaciones iniciales, que surgieron de un conflicto de propiedad entre una familia y una empresa urbanizadora en el mencionado sector de Tegucigalpa, incluían cargos por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, delitos que en el Código Penal anterior conllevaban penas de entre 3 y 6 años de prisión por cada uno. Sin embargo, el tribunal consideró que no había elementos suficientes para sostener dichos cargos.
El expediente judicial que dio origen a las investigaciones estaba relacionado con presuntas omisiones en el manejo del caso, en particular en lo referente a la resolución de excepciones procesales, un aspecto clave en los procedimientos judiciales.
El Ministerio Público tiene ahora un plazo de tres días para presentar un recurso de apelación, en caso de que decidan impugnar la decisión del juez. Esta decisión representa un nuevo giro en el caso, que sigue siendo monitoreado por diferentes sectores debido a la implicación de altos funcionarios judiciales en temas de corrupción y mal desempeño en el ejercicio de la función pública.