Un juez estadounidense ordenó hoy a la Administración del presidente Donald Trump que temporalmente deje de deportar a familias que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México como consecuencia de la política de «tolerancia cero».
Tras una moción de hoy de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar «deportaciones en masa», el juez Dana Sabraw instó al Gobierno a no expulsar del país durante la próxima semana a ninguna de estas familias para que decidan si piden asilo político.
El grupo de derechos civiles, que presentó la demanda que llevó al juez a ordenar la reunificación familiar en junio pasado, indica que «persisten» rumores que indican que el Gobierno da incluso unas «pocas horas» a los padres para que decidan si regresan a sus países de origen o inician un largo proceso judicial.
Por ello, estiman oportuno, y Sabraw les dio la razón, de que es necesario una semana para tomar una decisión «extremadamente compleja».
El magistrado dio al Gobierno hasta el próximo día 23 para responder a las cuestiones planteadas por ACLU y decidió que hasta entonces no deberán deportar a ningún indocumentado que fue separado de sus hijos en la frontera.
ACLU señala en su petición que la decisión es ahora más complicada después de que el Departamento de Justicia anunciara el 11 de junio pasado que «no serán elegibles para el asilo» los migrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas, motivos frecuentemente alegados por los inmigrantes centroamericanos.
Ante esta nueva directriz, esta organización estima que los indocumentados necesitan tiempo suficiente para tomar una decisión «informada» y «sin presiones».
Por orden del propio Sabraw, la Administración Trump se apresura estos días para cumplir el plazo establecido para el próximo día 26 por el propio magistrado de San Diego (California) de devolver a sus padres a los cerca de 3.000 menores que el Gobierno separó como consecuencia de su «tolerancia cero» contra la inmigración ilegal.
El pasado martes se cumplió la primera parte de este plazo, en el que el Gobierno debía entregar a sus padres a 103 menores de 5 años separados de sus padres, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a 57 alegó que no pudo completar el resto de las reunificaciones por, entre otros motivos, la seguridad de los niños.
ACLU indicó hoy que han recibido dos listas por parte del Gobierno sobre el resto de menores que todavía permanecen separados. la de los padres tiene 1.600 nombres y la de los niños unos 2.500.
La organización asegura que tiene noticias de que la reunificación de los menores de entre 5 y 18 años ya comenzó, y que estos inmigrantes están en «grave riesgo» de «ser reunificadas solo para ser inmediatamente deportadas, sin toda la información» sobre sus opciones, a pesar de tratarse de casos de «vida o muerte».-EFE