El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha presentado formalmente una apelación ante un tribunal federal de alzada en Nueva York, desafiando la sentencia de 45 años de prisión que le fue impuesta por delitos de narcotráfico. Este movimiento legal no solo busca revertir su condena, sino que también coloca bajo el escrutinio la gestión del Fiscal General del Estado de Honduras, Johel Zelaya, quien ha sido cuestionado por su falta de acción en el caso.
La apelación de Hernández ante el tribunal federal de alzada busca reducir su sentencia o lograr una nueva revisión del juicio que lo condenó por su implicación en una vasta red de narcotráfico.
Este recurso legal también pone en el centro de la polémica al Fiscal General, Johel Zelaya, quien, tras el juicio, se comprometió a investigar a otros individuos mencionados en el proceso judicial contra Hernández. Sin embargo, a medida que pasan los meses, la falta de avances en estas investigaciones es escandalosa.
En el juicio contra Hernández también fueron mencionados diversos actores políticos, incluyendo a familiares directos de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Durante el juicio, narcotraficantes y asesinos confesos testificaron sobre supuestos pagos de sobornos a personas cercanas a Castro.
Entre los mencionados se encuentran el esposo de la presidenta, Manuel Zelaya, su hijo, Héctor Zelaya, y su cuñado, Carlos Zelaya. Los testimonios en la corte señalaron que estos individuos habrían recibido dinero de narcotraficantes. En el caso de Héctor Zelaya, se le atribuye haber estado presente en una reunión donde se discutió la planificación del asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González.
La conexión de estos testimonios con el actual gobierno de Xiomara Castro plantea serias preguntas sobre posibles vínculos entre el narcotráfico y altos funcionarios del Estado.
La presentación de la apelación por parte de Hernández es solo el inicio de una nueva etapa en el proceso legal que lo involucra. La atención ahora se dirige hacia el avance de esta apelación, así como a la respuesta del Fiscal General ante las exigencias de investigar las conexiones reveladas durante el juicio.